
En las últimas semanas, el escenario político chileno ha presenciado un nuevo capítulo de tensiones internas dentro de la coalición oficialista, esta vez centrado en el debate por el presupuesto 2026. Jeannette Jara, exministra y candidata presidencial, ha marcado públicamente su distancia del gobierno de Gabriel Boric al exigir que el gasto social sea repuesto en el próximo presupuesto, una demanda que ha encendido las alarmas en Palacio La Moneda y ha puesto en evidencia las profundas diferencias sobre la estrategia económica y social del oficialismo.
El 11 de noviembre de 2025, Jara declaró que resulta "indispensable que el gasto social se reponga", señalando que las actuales proyecciones presupuestarias ponen en riesgo programas clave para la protección de los sectores más vulnerables. Su postura se enmarca en un contexto de ajustes fiscales impulsados por el Ministerio de Hacienda, que busca contener el déficit en medio de un escenario económico complejo.
Desde una perspectiva crítica, Jara acusa que estas medidas podrían profundizar las desigualdades y erosionar el apoyo ciudadano hacia el gobierno, especialmente en un año electoral donde la sensibilidad social está a flor de piel. Su reclamo ha sido interpretado como un llamado a priorizar la justicia social por sobre la austeridad técnica.
Por otro lado, el exministro de Hacienda Mario Marcel ha defendido la gestión fiscal, afirmando que "Nuestra economía no se cae a pedazos" y que los ajustes son necesarios para mantener la estabilidad macroeconómica. Desde el gobierno, se argumenta que el equilibrio presupuestario es fundamental para evitar presiones inflacionarias y preservar la confianza de los mercados.
Este choque de visiones refleja una disputa clásica entre la necesidad de mantener la disciplina fiscal y la urgencia de responder a las demandas sociales. La tensión entre ambos enfoques ha generado un debate público que no solo involucra a las autoridades, sino que también moviliza a organizaciones sociales y académicos, que advierten sobre las consecuencias de un recorte en el gasto social.
La fractura interna se ha traducido en un escenario político más complejo para el gobierno, con Jeannette Jara posicionándose como una voz crítica dentro del oficialismo, lo que podría tener efectos en la cohesión de la coalición y en la percepción pública. Mientras algunos sectores valoran su defensa del gasto social, otros la ven como un distanciamiento que podría debilitar la unidad del bloque.
En paralelo, esta disputa ha sido aprovechada por la oposición para cuestionar la capacidad del gobierno de manejar sus propias diferencias y ofrecer respuestas claras a la ciudadanía. La disputa presupuestaria se inserta así en un contexto electoral donde la legitimidad y el liderazgo serán puestos a prueba.
En definitiva, el conflicto en torno al presupuesto 2026 no es solo una discusión técnica, sino una batalla simbólica sobre el rumbo que Chile debe tomar en materia social y económica. La exigencia de Jeannette Jara por reponer el gasto social expone una verdad irrefutable: las políticas públicas deben equilibrar la responsabilidad fiscal con la justicia social para no perder el respaldo ciudadano.
Las consecuencias de esta disputa serán visibles en los próximos meses, cuando se definan las partidas presupuestarias y se mida el impacto político en un país que sigue dividido y expectante. La historia que se escribe hoy pone en escena a protagonistas enfrentados, donde el espectador es el ciudadano común, que observa cómo se juega su futuro en las decisiones que se toman en los pasillos del poder.
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Fuentes consultadas: Cambio21 (11/11/2025), declaraciones de Jeannette Jara y Mario Marcel; análisis político y económico de expertos consultados en medios nacionales.
2025-11-05