Cámara de Diputados fortalece Superintendencia de Salud: un paso hacia mayor fiscalización y derechos, pero con voces divididas
Un giro con consecuencias visibles. El 4 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que fortalece y refuerza las facultades de la Superintendencia de Salud, enviando la iniciativa al Senado para su segundo trámite. La medida, impulsada por el gobierno y respaldada por 128 votos a favor, busca modernizar un organismo clave para la fiscalización del sistema de salud, tanto público como privado, y poner en el centro a la persona usuaria.
El proyecto crea 25 nuevos cargos, entre ellos el Intendente de Prestadores de Salud y un Consejo de la Superintendencia, con funciones de control, transparencia y gobernanza. Además, amplía las potestades sancionatorias, con multas que pueden alcanzar hasta las 10.000 UTM (más de 695 millones de pesos), y establece nuevas obligaciones para prestadores y aseguradores, incluyendo la entrega gratuita y completa de la ficha clínica al paciente, y canales supervisados para la atención de reclamos.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que esta reforma "moderniza el sistema de salud tal como nos comprometimos" y que pone "a la persona en el centro, independiente del seguro o prestador". Subrayó cuatro transformaciones clave: la creación del Consejo, el fortalecimiento de la Intendencia, la modernización del sistema de acreditación de prestadores y el refuerzo del régimen sancionatorio.
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Voces en pugna: eficiencia versus judicialización. El debate político no estuvo exento de tensiones. La ministra Aguilera pidió rechazar una indicación que introduce la figura del "árbitro arbitrador", por considerar que podría derivar en una mayor judicialización de los reclamos, en lugar de resolverlos por vía administrativa.
Desde la oposición, algunos parlamentarios valoraron el avance, pero otros alertaron sobre posibles riesgos. En particular, sectores más críticos señalaron que la ampliación de poderes y sanciones debe ir acompañada de garantías para evitar abusos y excesos burocráticos.
En el plano técnico, expertos en salud pública y derecho coincidieron en que la medida responde a una demanda histórica de mayor fiscalización y protección de derechos, pero advirtieron que la implementación deberá ser cuidadosa para no generar trabas o demoras en la atención.
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Impacto regional y social: un desafío para la equidad. La reforma también tiene implicancias para las regiones, donde la supervisión y control de prestadores ha sido históricamente más débil. La creación de nuevas instancias y cargos busca reducir brechas en la calidad y seguridad de la atención.
Por otro lado, usuarios y organizaciones civiles esperan que esta modernización se traduzca en una mayor transparencia, mejor respuesta a reclamos y sanciones efectivas frente a irregularidades, especialmente en el sistema privado, donde la percepción de impunidad ha sido recurrente.
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Conclusiones y perspectivas. Tras la aprobación en la Cámara, el proyecto enfrenta su segundo trámite en el Senado, donde se espera un debate igualmente profundo y plural.
La reforma representa un avance significativo en la institucionalidad sanitaria chilena, con un enfoque claro en fortalecer la fiscalización y garantizar derechos. Sin embargo, la tensión entre ampliar facultades y evitar la judicialización excesiva será un eje clave para su éxito o fracaso.
En definitiva, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud puede marcar un antes y un después en la relación entre usuarios, prestadores y el Estado, pero su impacto dependerá de la implementación efectiva, la gobernanza transparente y la voluntad política para equilibrar control y eficiencia.
Fuentes consultadas incluyen reportes oficiales de la Cámara de Diputados, declaraciones de la ministra de Salud Ximena Aguilera, análisis de expertos en salud pública y derecho, además de voces parlamentarias de diversos sectores políticos.