Megaoperativo en Río de Janeiro: ¿una victoria o un fracaso anunciado?: La masacre que expone la fragilidad del Estado frente al crimen organizado

El 28 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la historia de Río de Janeiro y, posiblemente, en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Un megaoperativo policial desplegó a más de 2.500 agentes en los complejos de favelas Alemão y Penha, epicentros del Comando Vermelho (CV), la segunda organización criminal más poderosa de Brasil. El saldo preliminar fue devastador: 121 muertos —117 civiles sospechosos y cuatro policías— y más de 80 detenidos. Esta masacre es la más letal registrada en la ciudad carioca y ha reabierto viejas heridas y cuestionamientos sobre las estrategias para enfrentar el narcotráfico y la violencia urbana.

Un enfrentamiento titánico: Estado vs. narcoestado

El Comando Vermelho, nacido en 1979 en una cárcel de Río, ha evolucionado hasta convertirse en un actor casi estatal dentro de las favelas, controlando no solo el tráfico de drogas y armas, sino también servicios sociales, empleos y hasta eventos culturales. “Es un pequeño Estado de bienestar paralelo,” explica Iván Poduje, arquitecto experto en urbanismo social, “mucho más presente y eficiente que el Estado formal en esas comunidades.”

Durante el operativo, los narcotraficantes respondieron con una violencia inédita: lanzaron bombas desde drones, erigieron barricadas con vehículos y escombros, y protagonizaron tiroteos intensos que paralizaron la ciudad. La policía, por su parte, desplegó vehículos blindados, helicópteros y drones, pero no logró capturar a los principales líderes, incluido Edgar "Doca" Alves de Andrade, considerado el mayor capo del CV en libertad.

Voces desde el coliseo: perspectivas encontradas

El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, calificó la operación como una “guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y denunció la falta de apoyo federal, lamentando que las Fuerzas Armadas rechazaran tres veces sus solicitudes de blindados para la intervención.

En contraste, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos advierten que esta estrategia militarizada solo profundiza la tragedia social. “La masacre confirma que ‘meter bala’ no es la solución,” señala un informe independiente. El 90% de los abatidos tenían antecedentes policiales, pero también se reportaron víctimas civiles y daños colaterales.

Vecinos y líderes comunitarios expresaron su rechazo en manifestaciones, denunciando la “política de matanza” y exigiendo políticas integrales que aborden la pobreza estructural y la exclusión social que alimentan estos enclaves criminales.

La amenaza latente para Chile y América Latina

Este episodio no es un fenómeno aislado. El último informe de la Fiscalía chilena advierte sobre una creciente “favelización” en campamentos urbanos, con presencia creciente de grupos criminales como Los Trinitarios y Los Gallegos, que imitan el modelo brasileño de control territorial.

Expertos coinciden en que las políticas de seguridad deben repensarse urgentemente para evitar que Chile y otros países latinoamericanos repitan la experiencia sangrienta de Río. “Ni la militarización ni la inversión social aislada han logrado desmantelar estos narcoestados,” concluye el análisis de un equipo multidisciplinario de criminólogos y sociólogos.

Constataciones finales

El megaoperativo en Río de Janeiro expuso la complejidad de un conflicto que trasciende la violencia policial y el narcotráfico. La masacre refleja la incapacidad del Estado para ofrecer alternativas reales a comunidades atrapadas en décadas de abandono y control criminal.

La operación dejó una ciudad paralizada, una comunidad en duelo y un debate nacional e internacional sobre la eficacia y ética de la estrategia represiva. La huida de los líderes criminales y la persistencia del Comando Vermelho evidencian que la guerra contra el narcotráfico es también una guerra contra la desigualdad, la exclusión y la falta de Estado.

En definitiva, esta tragedia invita a una reflexión profunda y urgente: ¿cómo construir una política de seguridad que no perpetúe la violencia ni condene a los barrios populares a la guerra permanente? La respuesta, por ahora, sigue siendo esquiva.

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Fuentes: El Mostrador, El País América, BBC News Mundo, Cambio21, análisis expertos en urbanismo y criminología latinoamericana.