Corte Suprema confirma prisión de Mauricio Ortega: la libertad condicional que reavivó el debate sobre justicia y protección a víctimas

Un fallo que no cierra heridas. El 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema confirmó la revocación de la libertad condicional concedida a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que dejó ciega a Nabila Rifo en 2016. Ortega deberá permanecer en el Centro Penitenciario de Puerto Aysén mientras la comisión de libertad condicional vuelva a analizar su solicitud, esta vez con la debida notificación y participación de la víctima.

Este desenlace es la culminación de un proceso judicial y social marcado por la tensión entre la aplicación estricta de la ley y la exigencia de justicia y protección para las víctimas de violencia de género.

### El camino hacia la revocación: un resumen de hechos

En octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), ordenando el reingreso a prisión de Ortega y la revisión de su libertad condicional con la participación expresa de Nabila Rifo. La decisión se basó principalmente en que la víctima no fue notificada ni escuchada en la comisión que concedió el beneficio.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y análisis posteriores revelaron que el SernamEG había abandonado la representación judicial de la víctima tras la destitución de la abogada que la patrocinaba, lo que impidió que la defensa de Rifo ejerciera su derecho a ser escuchada en la audiencia que otorgó la libertad condicional. Las notificaciones judiciales fueron enviadas a un correo institucional bloqueado, sin reasignación de la causa a otro profesional.

Ante esta negligencia, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que el gobierno apelaría la decisión que otorgó la libertad condicional y activó un plan de seguridad para proteger a la víctima y su familia, incluyendo rondas policiales y la instalación de cámaras de vigilancia.

### Voces enfrentadas y perspectivas encontradas

Desde el ámbito jurídico, la defensa de Ortega sostuvo que el beneficio cumplía con los requisitos legales, destacando la "conducta intachable" y el "bajo compromiso delictual" del condenado, además de la ausencia de una amenaza directa, inminente y comprobable contra la seguridad de Rifo.

Por otro lado, organizaciones feministas, el SernamEG y sectores políticos enfatizaron la importancia de respetar el derecho de la víctima a ser escuchada y la necesidad de que la justicia no solo se ajuste a la letra, sino que también considere el contexto de violencia estructural y el impacto en las víctimas.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, alertó que casos como este "minan la confianza en el sistema de justicia" y que los organismos públicos deben ser especialmente cuidadosos al otorgar beneficios que afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia y equidad del sistema.

### Consecuencias visibles y lecciones para el futuro

Este caso desnuda las fallas institucionales en la protección de víctimas de violencia de género y la necesidad de mejorar los mecanismos de notificación y representación legal. La negligencia del SernamEG, al no reasignar la defensa tras la destitución de su abogada, facilitó la ausencia de oposición a la libertad condicional de Ortega.

Además, expone la tensión entre la aplicación estricta de normas penales y procesales y la demanda social por justicia restaurativa y seguridad para quienes han sufrido violencia extrema.

Finalmente, la confirmación del fallo por la Corte Suprema representa un paso en la reparación institucional, pero no cierra el debate sobre cómo el sistema de justicia chileno debe abordar casos de violencia de género para evitar revictimización y fortalecer la confianza ciudadana.

Este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de articular un sistema judicial sensible, eficiente y responsable, que equilibre los derechos de los condenados con la protección integral de las víctimas, en un país que aún lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.

Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, CIPER Chile, declaraciones públicas de la ministra Antonia Orellana y el ministro Jaime Gajardo, reportajes de Bío-Bío y seguimiento judicial.