Acusación constitucional a Pardow: entre la política electoral y la búsqueda de responsabilidad pública
El escenario político chileno vivió en las últimas semanas un episodio que, más allá de la inmediatez, revela las complejidades de la responsabilidad pública y las tensiones que atraviesan las instituciones en tiempos electorales.
El 27 de octubre de 2025, la oposición presentó una acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, por su presunta responsabilidad en un error de cálculo que derivó en el cobro excesivo de las cuentas de la luz a millones de familias chilenas. El libelo, con más de 40 páginas, se fundamentó en infracciones al principio de probidad y transparencia, apuntando a una negligencia administrativa y a la falta de comunicación clara sobre el error detectado en octubre de 2024.
A pesar de la renuncia de Pardow y el reconocimiento público de la falla, la oposición buscó en la acusación un castigo ejemplar: la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. La ofensiva contó con un amplio respaldo opositor, que incluyó a figuras de la derecha tradicional, la centroderecha y sectores independientes, evidenciando un consenso transversal en torno a la gravedad del daño infligido a la confianza pública y al bolsillo de las familias.
Sin embargo, la tramitación del proceso no estuvo exenta de controversias y obstáculos.
La notificación pendiente y las acusaciones de ocultamiento
La Cámara de Diputados enfrentó dificultades para notificar personalmente a Pardow, requisito indispensable para iniciar los plazos legales del proceso. El exministro no fue encontrado en su domicilio ni en su antigua oficina, lo que llevó a que la Cámara aplicara el Código de Procedimiento Civil: dejar la notificación a un adulto presente o fijar un aviso en la puerta.
Diputado Sergio Bobadilla (UDI): "El gobierno está escondiendo al exministro Pardow para dilatar la acusación constitucional. Es una maniobra de extrema gravedad".
Diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora: "Hasta ahora no ha ocurrido ocultamiento. El proceso seguirá conforme a la ley".
Estas acusaciones reflejan la polarización que rodea el caso: por un lado, la oposición denuncia maniobras dilatorias y falta de transparencia; por otro, el oficialismo minimiza la situación y enfatiza el respeto a los procedimientos legales.
Apoyos y resistencias dentro del oficialismo
La defensa de Pardow fue asumida públicamente por el gobierno, que comprometió apoyo jurídico e institucional, argumentando que las responsabilidades políticas ya habían sido asumidas con la renuncia del exministro.
Ministra Camila Vallejo: "Otra acusación constitucional sin mérito no es deseable ni para el gobierno ni para la ciudadanía".
No obstante, esta postura generó críticas internas y debates sobre el uso de recursos públicos para la defensa de un exfuncionario.
Diputado Henry Leal (UDI): "El gobierno está dispuesto a pagar con recursos públicos la defensa de un privado, lo que no corresponde".
Diputado Jaime Araya (independiente-PPD): "Sería aconsejable que el gobierno evite involucrarse en la tramitación de esta acusación".
Por otra parte, varios parlamentarios oficialistas y de centro manifestaron su intención de votar a favor del libelo, reconociendo el daño causado y la necesidad de asumir responsabilidades.
Diputado Jaime Araya: "El daño a las familias y a la confianza institucional está hecho, y eso debe ser reconocido".
Más allá del caso: tensiones entre política, justicia y sociedad
Este episodio no solo expone una falla administrativa, sino que pone en escena el choque entre la búsqueda de rendición de cuentas y las estrategias políticas en un contexto electoral.
Diputado Jaime Sáez (Frente Amplio): "Hay un interés electoral detrás de esta acusación, que carece de mérito jurídico".
La acusación constitucional, aunque legalmente posible, se inserta en un calendario político que busca influir en la percepción pública antes de las elecciones del 16 de noviembre.
Además, el debate ha trascendido el ámbito político para alcanzar dimensiones sociales y económicas, considerando el impacto directo en la economía doméstica de millones de chilenos y la confianza en las instituciones encargadas de regular servicios básicos.
La "bancada eléctrica", compuesta por parlamentarios de distintos sectores, ofició al gobierno para aclarar las discrepancias en los montos y criterios de devolución a los consumidores afectados.
Constataciones finales
Este episodio deja en evidencia varias verdades y consecuencias palpables:
- La responsabilidad política y administrativa en la gestión pública es un tema sensible que puede generar profundos conflictos, especialmente cuando afecta directamente a la ciudadanía.
- La utilización de procesos constitucionales en períodos electorales puede tensionar aún más la institucionalidad y la percepción pública de la política.
- La defensa institucional de exfuncionarios en procesos políticos genera debates legítimos sobre el uso de recursos públicos y la transparencia.
- Finalmente, la ciudadanía enfrenta el desafío de discernir entre el legítimo escrutinio político y las tácticas electorales, en un contexto donde la información y el análisis crítico son fundamentales.
Este caso, con sus múltiples aristas y actores, ofrece una lección sobre la complejidad del ejercicio democrático, la importancia de la probidad y transparencia, y los límites entre la política y la justicia en Chile contemporáneo.