El Coordinador Eléctrico en la tormenta: entre fallas técnicas, cuestionamientos legales y la sombra de la remoción

El 25 de febrero de 2025, un corte masivo de energía dejó a oscuras a la Región Metropolitana y a gran parte del país, afectando a más de 550 mil clientes inicialmente, y a 368 mil aún sin suministro horas después. El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) identificó la raíz en una falla de transmisión en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, operada por la empresa Interchile, que reactivó un equipo sin autorización y provocó un efecto dominó en el sistema eléctrico. Sin embargo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fue más allá y formuló cargos al Consejo Directivo del CEN y a ocho empresas, acusándolos de operar el sistema en condiciones inseguras, especialmente por sobrepasar el límite de transferencia seguro de 1.600 MW en el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico, donde se transmitían 1.800 MW. Esta operación, según la SEC, expuso al sistema a un riesgo elevado de inestabilidad, desencadenando el apagón que afectó al 98% de la población.

Un Consejo a la defensiva y una institucionalidad cuestionada

Los cinco consejeros del CEN —Juan Carlos Olmedo, Jaime Peralta, Bernardita Espinoza, Humberto Espejo y Carlos Finat— respondieron con una defensa férrea. 'El Coordinador ha operado conforme al criterio n-1, que garantiza la seguridad del sistema ante contingencias, y ha actuado con la debida diligencia exigible', señalaron en sus descargos, apuntando que la empresa Interchile actuó sin autorización previa, incumpliendo la normativa. Además, recordaron que la operación a 1.800 MW en ese corredor se ha mantenido desde 2018 sin reproches previos.

Pero la controversia no se limita a la operación técnica. La CNE, que aprueba el presupuesto del CEN, emitió una dura misiva exigiendo que los consejeros reintegren al organismo el costo de las pólizas de seguros contratadas para cubrir eventuales multas administrativas personales. La ley establece que los consejeros son 'personalmente responsables' por sus decisiones, por lo que el uso de recursos públicos para pagar seguros que cubran sus sanciones genera un conflicto ético y legal.

"No es correcto que dichas multas se paguen con fondos del Coordinador", advirtió Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, ordenando que los consejeros asuman personalmente esos costos y se abstengan de activar esas coberturas en procesos en curso.

Voces en pugna: política, empresas y expertos

El exministro y candidato a diputado Jorge Insunza denunció ante la SEC la supuesta contratación irregular y ampliación de pólizas que cubren multas penales y administrativas, acusando falta de transparencia y posible entrega de información falsa a la autoridad.

Por su parte, las empresas eléctricas Hidromaule y Eléctrica Puntilla denunciaron al CEN por una intervención indebida en un proceso judicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde el Coordinador presentó un informe económico no solicitado que favorecía a la defensa de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las generadoras incumbentes. Esto abrió un nuevo flanco legal y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Mientras tanto, expertos y académicos han planteado que la institucionalidad del Coordinador Eléctrico, creada en 2016, muestra debilidades evidentes. La débil separación entre el Consejo Directivo y la gestión operativa dificulta la rendición de cuentas y puede generar decisiones conservadoras, más enfocadas en la protección personal que en la eficiencia del sistema. La revisión del modelo institucional es un debate abierto para fortalecer la independencia, claridad de funciones y responsabilidad efectiva.

El fantasma de la remoción y la institucionalidad bajo presión

La tensión política crece. El ministro de Energía, Diego Pardow, ha señalado que la confianza en las instituciones depende de su capacidad para resolver problemas y hacerse respetar, dejando abierta la posibilidad de sanciones severas, incluyendo la remoción de parte o la totalidad del Consejo Directivo. El artículo 212 de la Ley General de Servicios Eléctricos contempla la remoción por abandono de funciones o negligencia manifiesta, cargos que la SEC ha formulado formalmente contra el CEN.

El proceso para solicitar la remoción recae en el Comité Especial de Nominaciones, compuesto por autoridades y expertos, y podría extenderse meses, sometiendo al Coordinador a un escrutinio público intenso y poniendo en riesgo su independencia. En este ambiente, algunos sectores sugieren que la salida del presidente del Consejo podría ser un gesto para descomprimir la crisis, aunque desde el propio CEN se apuesta a defender la institucionalidad hasta el final.

Constataciones finales

Este episodio deja en evidencia que el sistema eléctrico chileno enfrenta desafíos técnicos, regulatorios y de gobernanza que no pueden seguir postergándose. La falla técnica fue el detonante, pero las responsabilidades se extienden a la gestión institucional y a la transparencia en el uso de recursos públicos.

La discusión sobre la responsabilidad personal de los consejeros frente a la protección que brindan las pólizas de seguros, el papel del Coordinador en procesos judiciales y la necesidad de revisar el marco institucional son temas que han madurado y que requieren soluciones estructurales.

Chile se encuentra en un momento crucial para fortalecer una institucionalidad que garantice un sistema eléctrico seguro, eficiente y con una gobernanza que inspire confianza. La historia del apagón y sus consecuencias no es solo una tragedia técnica, sino una tragedia política y social que convoca a todos los actores a repensar el futuro energético del país.