Acusación constitucional contra Diego Pardow: Un juicio político que refleja la crisis energética y la fragmentación política chilena
En octubre de 2025, la política chilena entró en un escenario de confrontación que trasciende el mero debate legislativo y se instala como un verdadero coliseo político. La presentación de una acusación constitucional contra el entonces exministro de Energía, Diego Pardow, por parte de una amplia coalición opositora, marcó un punto de inflexión en la gestión pública y el manejo de la crisis eléctrica que afecta a millones de hogares y empresas en Chile.
El origen del conflicto se remonta a un error de cálculo en la fijación de las tarifas eléctricas, que generó cobros excesivos a los usuarios y un reconocimiento de deuda con las generadoras eléctricas basado en cifras erróneas, situación que se arrastra desde 2019 y se agravó en 2024. Este fallo metodológico, revelado meses antes de la acusación, expuso la falta de transparencia y liderazgo en el Ministerio de Energía, y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético chileno, especialmente en su capacidad de transmisión y regulación.
Multiplicidad de voces y perspectivas
Desde la oposición, la acusación se fundamentó en la supuesta infracción a la probidad administrativa de Pardow, señalando una "negligente actuación" en la expedición del decreto tarifario y la omisión frente a sobrecargos detectados en la empresa Transelec. "Hubo falta de transparencia y un costo enorme para los bolsillos de los chilenos", afirmó la diputada Camila Musante, quien pese a su independencia y pertenencia al oficialismo, se declaró a favor de la acusación, subrayando que las consecuencias de la gestión de Pardow persisten más allá de su renuncia.
En contraste, desde el oficialismo y sectores técnicos se advirtió que la crisis energética es un problema estructural, con raíces profundas en la infraestructura y el modelo de generación y distribución eléctrica. "El Estado no ha hecho la pega en la transmisión de energía limpia, perdiendo millones de dólares y oportunidades de mejorar las cuentas", explicaron expertos vinculados al sector.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sorprendió al respaldar públicamente la acusación, calificándola como un acto de responsabilidad política, mientras que parlamentarios de su coalición celebraron la absolución de figuras como Pablo Longueira en casos emblemáticos, evidenciando la complejidad y fragmentación del escenario político.
El Congreso como arena política
El debate parlamentario se tornó intenso y revelador. La acusación fue presentada por once diputados de oposición, incluyendo representantes de RN, UDI, Evópoli, Republicanos y otros partidos emergentes, evidenciando un frente amplio y transversal. La comisión revisora quedó integrada por diputados oficialistas y opositores, anticipando un análisis riguroso pero también politizado.
El proceso judicial y político se desarrolló en medio de la incertidumbre electoral, con la cita de la votación en la Cámara para después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre de 2025. Esta coyuntura añadió una dimensión estratégica a la acusación, donde cada voto y postura adquirió un peso decisivo.
Más allá del caso Pardow: lecciones y consecuencias
Este episodio deja en evidencia varias verdades y desafíos para Chile. Primero, la fragilidad del sistema eléctrico nacional, que combina una matriz energética en transición con deficiencias en la regulación y transmisión, genera costos sociales y económicos reales y persistentes.
Segundo, la responsabilidad política no se disuelve con renuncias o cambios ministeriales. La gestión pública exige transparencia, liderazgo y capacidad de anticipación, elementos que en este caso fueron cuestionados con dureza.
Tercero, la política chilena muestra una polarización creciente donde los temas técnicos se politizan, y la búsqueda de responsabilidades puede convertirse en un juego de fuerzas que trasciende el mérito y la evidencia.
Finalmente, la ciudadanía y los actores sociales observan con atención y escepticismo cómo se resuelve este conflicto, que afecta directamente el bolsillo y la calidad de vida de millones. La demanda por soluciones definitivas y reformas estructurales es un clamor transversal.
En suma, la acusación constitucional contra Diego Pardow es más que un juicio político: es un espejo de las tensiones entre gestión pública, política y sociedad, y un llamado a repensar el sistema energético y la gobernanza en Chile.