El debate sobre la expulsión de migrantes irregulares: entre propuestas imaginarias y realidades complejas
Un pulso político que trasciende el debate inmediato
El 26 de octubre de 2025, durante un debate presidencial, José Antonio Kast propuso que los migrantes irregulares en Chile colaboraran pagando su expulsión, estimando un costo de 100 millones de pesos por avión charter. Esta idea encendió una tormenta política y social que, semanas después, sigue dejando sus secuelas en la agenda pública y electoral.
"Quiere subir a aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que, imaginariamente, pagarían su pasaje", ironizó Jeannette Jara, candidata oficialista, quien calificó la propuesta como "insólita" y "poco seria". Para Jara, la falta de acuerdos internacionales para recibir a esos migrantes, principalmente venezolanos, hace inviable la idea.
Tres visiones en pugna
Desde la derecha republicana, la propuesta de Kast busca presentar una respuesta dura y pragmática a la migración irregular, que según sus cálculos supera las 300 mil personas. La estrategia apunta a un discurso de control fronterizo y orden migratorio, con énfasis en la "colaboración" de los migrantes para financiar su retorno.
En el oficialismo y sectores progresistas, la idea es vista como una fantasía política desconectada de la realidad diplomática y humanitaria. Jara y sus aliados denuncian que la medida no solo es inviable sino que vulnera derechos y profundiza la exclusión social, sin ofrecer soluciones integrales ni respeto a tratados internacionales.
Desde la sociedad civil y organizaciones de migrantes, la discusión ha generado preocupación y desconfianza. Muchas voces señalan que el debate se ha centrado en la expulsión como solución, sin abordar las causas estructurales de la migración ni las condiciones de integración y respeto a la dignidad humana.
Contexto y consecuencias visibles
En Chile, la migración ha crecido exponencialmente en la última década, transformándose en un fenómeno complejo que desafía la capacidad institucional y social. La falta de políticas públicas claras y consensuadas ha alimentado percepciones de inseguridad y tensiones sociales, que partidos y candidatos han capitalizado electoralmente.
La propuesta de Kast, aunque rechazada por amplios sectores, ha logrado instalar el tema en la agenda, obligando a los demás candidatos a posicionarse y a la ciudadanía a reflexionar sobre los límites y alcances de la política migratoria.
Verdad y conclusión
Lo que está claro es que la expulsión masiva financiada por los propios migrantes resulta inviable en la práctica. La ausencia de acuerdos bilaterales para el retorno, la complejidad logística y el costo político y humanitario hacen de esta "propuesta imaginaria" un discurso más que una política pública.
Sin embargo, el debate desnuda una tensión real: la necesidad de un marco migratorio que concilie control, derechos humanos y responsabilidad internacional. La polarización entre quienes buscan soluciones rápidas y quienes abogan por enfoques integrales refleja la fractura política y social en torno a este fenómeno.
El desafío para Chile no es solo cómo expulsar, sino cómo integrar y regularizar, construyendo consensos que superen la retórica electoral y atiendan las realidades humanas y legales.
Este episodio, lejos de cerrarse, seguirá siendo un espejo de las contradicciones y dilemas que enfrenta el país en su convivencia con la migración en el siglo XXI.
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Fuentes consultadas: Cooperativa.cl (28/10/2025), análisis de expertos en política migratoria, testimonios de organizaciones de migrantes.