Acusación constitucional a Diego Pardow: un juicio político que expone grietas en la gestión energética chilena
Un año después de que las primeras alarmas sobre cobros excesivos en las cuentas de la luz encendieran la polémica, la figura del exministro de Energía, Diego Pardow, se ha convertido en el epicentro de un conflicto político que trasciende la mera disputa partidaria.
El 27 de octubre de 2025, la oposición ingresó formalmente una acusación constitucional contra Pardow, responsabilizándolo por la negligencia y falta de transparencia que derivaron en perjuicios económicos a miles de hogares chilenos. Este proceso, que ha ido madurando con la revisión de documentos, testimonios y análisis técnicos, pone en escena una disputa que enfrenta distintas visiones sobre la gestión pública, la rendición de cuentas y la protección ciudadana.
El origen y evolución del conflicto
La controversia se remonta a errores detectados en la fijación de tarifas eléctricas, especialmente en contratos con la empresa Transelec, cuyos cobros indebidos se reflejaron en las cuentas de luz desde 2017. El libelo acusatorio sostiene que Pardow infringió el Artículo 8 de la Constitución, que obliga a resguardar el principio de probidad, al firmar un decreto tarifario sin transparentar irregularidades conocidas.
“Tiene un ejército de abogados, nadie lo revisó, y ese error inexcusable afectó el bolsillo de todos los chilenos”, sentenció el diputado Henry Leal (UDI), uno de los firmantes de la acusación. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), enfatizó la necesidad de que Pardow aclare si sabía con anticipación de los cobros indebidos y por qué no informó a la opinión pública ni al Congreso.
Posturas encontradas: entre la defensa institucional y la exigencia ciudadana
El gobierno de Gabriel Boric ha manifestado que la acusación no corresponde, argumentando que la responsabilidad política ya se ejerció con la salida de Pardow del gabinete. Sin embargo, la decisión de La Moneda de financiar jurídicamente la defensa del exministro ha generado críticas incluso dentro del oficialismo.
“Espero que revisen bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un exministro. No se vayan a encontrar luego con sorpresas que no podrán explicar”, advirtió Aedo, evidenciando la tensión interna.
Desde la oposición, el bloque que reúne a partidos como UDI, RN, Partido Social Cristiano, Republicanos y el Partido de la Gente ha hecho un llamado a no caer en defensas corporativas y a votar a conciencia en favor de la ciudadanía. El diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó que la acusación busca un juicio político contundente contra lo que calificó como una “ineptitud” que ha afectado a los consumidores.
Impacto regional y social: la factura que pagan los más vulnerables
El aumento en las cuentas de la luz no es un problema abstracto. Miles de hogares, especialmente en sectores medios y vulnerables, han visto cómo sus gastos básicos se incrementan, tensionando aún más la economía familiar. Esta realidad ha sido el motor principal del reclamo político y social que ha alimentado la acusación constitucional.
Diversos sectores sociales han expresado su frustración y desconfianza hacia las instituciones encargadas de fiscalizar y regular el sector energético. Para muchos, el caso Pardow simboliza un sistema que prioriza intereses empresariales por sobre los derechos de los consumidores.
La comisión revisora y los próximos pasos
Tras la admisión de la acusación, se conformó una comisión revisora en la Cámara con mayoría oficialista, aunque con miembros abiertos a respaldar el libelo. Pardow tiene un plazo de 10 días para responder y luego la comisión contará con 6 días para emitir un informe que será votado en Sala. Si se aprueba, el proceso pasa al Senado, que actuará como jurado.
Constataciones y consecuencias
Este episodio deja en evidencia varias verdades incómodas para la política chilena: la fragilidad de los mecanismos de control en sectores estratégicos, la dificultad para transparentar información técnica y la tensión entre responsabilidad política y legalidad administrativa.
Además, pone en primer plano la necesidad de un debate profundo sobre cómo proteger a los consumidores y garantizar una gestión pública eficiente y ética, especialmente en áreas que afectan directamente la calidad de vida.
Finalmente, la acusación contra Pardow no solo es un juicio político, sino un espejo que refleja las grietas de un sistema que debe reformular sus prioridades para recuperar la confianza ciudadana y evitar que tragedias económicas se repitan en el futuro.
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Fuentes: BioBioChile, La Tercera, Cooperativa.cl, declaraciones parlamentarias y documentos oficiales del Congreso Nacional.