La incertidumbre que paraliza el futuro energético: TotalEnergies y el trilema institucional chileno

En Chile, la transición energética enfrenta una encrucijada que se ha ido delineando con claridad en los últimos meses. El proyecto H2 Magallanes de TotalEnergies, una apuesta de US$16 mil millones para producir amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable, se encuentra suspendido hasta diciembre de 2026, tras una decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta pausa, aunque vista por la empresa como una "señal positiva" que evita un riesgo mayor, desnuda la complejidad y la incertidumbre institucional que rodean a las iniciativas de vanguardia en el país.

El gerente general de TotalEnergies en Chile, Antoine Liane, ha sido enfático al advertir que, incluso siendo optimista, "hay una probabilidad mayor que el proyecto nunca exista". La razón no es solo la complejidad técnica o financiera, sino un entramado regulatorio y político que dificulta la ejecución. La judicialización de proyectos, la multiplicidad de observaciones ambientales y la falta de seguridad jurídica en plazos y procedimientos configuran un panorama poco alentador para la inversión en energías limpias.

Este caso emblemático se suma a una serie de tensiones que revelan las fragilidades de la institucionalidad energética chilena. El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) denunció a más de 150 empresas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por incumplimientos en la disponibilidad de información necesaria para la operación del sistema eléctrico. Entre estas firmas se encuentra Transelec, involucrada en el megacorte del 25 de febrero, lo que pone en evidencia no solo fallas técnicas sino también de supervisión y gestión.

Además, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha intensificado su vigilancia en el sector energético, motivada por un alza sostenida de denuncias desde 2021. El aumento de reclamos, que alcanzan cerca de 100 anuales vinculados a este rubro, refleja preocupaciones ciudadanas y ambientales que se suman a la presión sobre las autoridades para fiscalizar con mayor rigor.

En paralelo, expertos y actores del sector han señalado la burocracia y la complejidad normativa como obstáculos para la innovación y la expansión de la infraestructura energética. Proyectos clave de transmisión y almacenamiento, vitales para sostener la creciente demanda eléctrica proyectada en Chile, enfrentan retrasos significativos debido a procesos de aprobación lentos y fragmentados. Esto genera un desfase entre la oferta y la demanda, con consecuencias directas en la seguridad y calidad del servicio.

Desde la academia y el sector privado, voces como la de Claudio Huepe Minoletti, director del Observatorio de la Transición Energética, han llamado a una revisión profunda de la institucionalidad. Se requiere fortalecer mecanismos de supervisión, mejorar la retención de talento técnico en organismos reguladores y simplificar fórmulas y procesos para dar mayor certidumbre a los inversionistas.

El dilema chileno se manifiesta en el llamado "trilema energético": la necesidad de garantizar simultáneamente sostenibilidad, seguridad y asequibilidad. La experiencia reciente muestra que avanzar en uno sin robustecer la institucionalidad y la gobernanza puede poner en riesgo a los otros dos.

En definitiva, Chile se encuentra frente a un desafío que va más allá de la tecnología o la inversión: es una prueba de su capacidad para construir un Estado y un marco regulatorio que acompañen la transformación energética sin paralizar sus proyectos emblemáticos ni poner en jaque la estabilidad del sistema.

Verdades que emergen:
- La transición energética chilena no puede depender solo de la voluntad empresarial o de la innovación tecnológica; requiere un Estado fuerte y eficiente.
- La inseguridad jurídica y la burocracia prolongan y encarecen proyectos, afectando la competitividad del país.
- La presión social y ambiental sobre el sector energético exige una fiscalización más rigurosa, pero también procesos más transparentes y participativos.

Consecuencias visibles:
- Paralización o reducción de escala de proyectos estratégicos como H2 Magallanes.
- Incremento de denuncias y procedimientos sancionatorios que revelan problemas operativos y de cumplimiento.
- Riesgo creciente de brechas entre oferta y demanda energética, afectando a millones de usuarios.

Chile, en su camino hacia la descarbonización y modernización energética, enfrenta así su verdadero coliseo: la batalla por una institucionalidad capaz de sostener la ambición sin sacrificar la estabilidad ni la confianza.