CNE limita auditoría a Transelec y pone en jaque la devolución de US$135 millones en cuentas de luz: ¿Una autodenuncia con letra chica?

Un año atrás, la principal transmisora eléctrica del país, Transelec, detectó inconsistencias en la valorización de sus activos que derivaron en un cobro excesivo de US$135 millones a los usuarios finales, monto equivalente al error en las generadoras que desató la crisis tarifaria actual. La empresa, en un gesto poco común en el sector, se autodenunció ante las autoridades y se comprometió a devolver íntegramente los recursos a través de descuentos en las cuentas de la luz a partir de enero de 2026.

Sin embargo, la voluntad declarada de Transelec para anticipar la devolución enfrenta ahora una compleja realidad administrativa y técnica, que pone en entredicho la rapidez y completitud de este proceso. La Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo regulador, limitó el alcance de la auditoría técnica encargada al Coordinador Eléctrico Nacional para verificar la información entregada por Transelec, acotándola solo a las instalaciones donde la empresa reportó cambios en su inventario tras su propia revisión interna, y estableció un plazo máximo de cinco meses para su realización.

Divergencias en la interpretación de la autodenuncia

Desde el Gobierno y la propia Transelec se ha enfatizado que la empresa actuó con transparencia y diligencia, informando oportunamente a la CNE y al Coordinador sobre las inconsistencias detectadas a fines de 2024, producto de la complejidad del proceso tarifario establecido por la Ley de Transmisión de 2016. 'Es una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas. La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver', declaró el biministro Álvaro García.

No obstante, la CNE y expertos en regulación eléctrica advierten que la exclusión de activos subvalorados en la auditoría podría reducir el monto final a compensar, lo que abre interrogantes sobre si la devolución será proporcional al daño real sufrido por los consumidores.

El recurso de reposición presentado por Transelec en agosto de 2025 contra un oficio de la CNE que restringía la información solicitada al Coordinador, y que fue rechazado por razones formales, revela un pulso legal y técnico donde la empresa reclama que se consideren tanto activos sobrevalorados como subvalorados para una corrección justa. 'No reconocer los costos reales de las instalaciones (...) resulta expropiatorio, toda vez que implica privar a una empresa transmisora de una parte de la única remuneración a que tienen derecho por ley', señala el documento.

Impacto regional y sectorial: clientes regulados y libres en la mira

El alcance del problema trasciende a los consumidores residenciales regulados. Los clientes libres, que representan el 60% del consumo eléctrico nacional, también se ven afectados por el error tarifario de Transelec, según ha señalado el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), Javier Bustos, quien ha pedido una investigación exhaustiva y sanciones conforme a la normativa vigente.

Además, la incertidumbre sobre el monto definitivo a devolver y la posible exclusión de ciertas obras o instalaciones en el siguiente proceso tarifario podrían impactar en la calidad y expansión de la infraestructura eléctrica, dado que la remuneración por transmisión es la única vía para recuperar la inversión.

Voces en tensión: entre la urgencia y el rigor

Desde la academia, el profesor Humberto Verdejo de la Usach explica que la reducción del alcance de la auditoría responde a la necesidad de acelerar un proceso que, de extenderse a todos los activos, podría demorar años y complicar aún más el sistema tarifario. 'La autoridad quiere partir por revisar las instalaciones que son el origen del problema', comenta.

Por otro lado, expertos legales como Francisco Irarrázaval, de la Universidad de los Andes, advierten que si la auditoría confirma diferencias sustanciales entre lo declarado y lo real, la ley establece consecuencias severas, incluyendo la exclusión de las instalaciones involucradas del siguiente proceso tarifario, lo que significaría que no recibirán remuneración por transmisión durante ese periodo.

Constataciones y consecuencias

Tras meses de diálogo, autodenuncias y recursos legales, la situación de Transelec revela la complejidad de un sistema eléctrico que busca equilibrio entre la transparencia, la justicia tarifaria y la sustentabilidad financiera de las empresas que lo operan. La devolución de US$135 millones a los usuarios, aunque confirmada, está condicionada a una auditoría limitada y a negociaciones técnicas que podrían modificar el monto final y afectar la ejecución de obras futuras.

Este episodio pone en evidencia la tensión entre la urgencia política y social de corregir cobros indebidos y la necesidad de procesos técnicos rigurosos que aseguren que las soluciones sean justas, completas y sostenibles en el tiempo. También plantea un desafío para la regulación chilena: cómo fortalecer mecanismos que eviten que errores de esta magnitud ocurran y se perpetúen sin consecuencias claras.

Mientras tanto, la ciudadanía y los actores del sector eléctrico siguen expectantes, con la certeza de que esta historia aún está lejos de cerrarse, y con la inquietud sobre cuánto costará realmente esta crisis en sus bolsillos y en la infraestructura del país.