La devolución de $2 mil en las cuentas de luz: un acuerdo que nunca fue

Un error que se arrastra desde 2017

Desde hace años, un fallo metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas ha generado cobros en exceso a los consumidores chilenos. La Comisión Nacional de Energía (CNE) aplicó doblemente el efecto inflacionario en los ajustes tarifarios, lo que se tradujo en un sobreprecio que afectó a millones de hogares y empresas. Este error, detectado internamente en 2024, detonó una crisis política y técnica que culminó con la salida del ministro de Energía Diego Pardow y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, asumió la tarea de encauzar la crisis y anunció públicamente un acuerdo con las empresas generadoras para devolver a los usuarios el dinero cobrado en exceso: "Le conté al Presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que permitirá devolver exactamente el monto que se cobró de más, unos $2 mil mensuales por hogar durante seis meses a partir de enero de 2026".

Sin embargo, esta versión oficial fue rápidamente desmentida por el gremio Generadoras de Chile. En un comunicado, el director ejecutivo Camilo Charme afirmó: "No ha habido ningún acuerdo ni negociación con el Gobierno. La decisión de poner a disposición los montos definidos por la CNE fue autónoma y proactiva, adoptada por nuestro directorio sin mediar negociación alguna". La industria insistió en que el error fue de la autoridad tarifaria y no de las empresas, y que su rol se limita a cumplir con los decretos tarifarios emitidos por el Estado.

Un choque de discursos y responsabilidades

Este desencuentro público entre Ejecutivo y sector privado evidencia una profunda fractura institucional. Por un lado, el Gobierno busca mostrar una gestión rápida y resolutiva para compensar a los usuarios y restaurar la confianza. Por otro, las generadoras reclaman por la falta de claridad en el proceso y la atribución de responsabilidades, exigiendo certeza jurídica y transparencia.

Además, la CNE ha solicitado que la auditoría técnica sobre la transmisora Transelec, involucrada en un caso paralelo de cobros excesivos por sobreestimación de su capital, se acote a un plazo máximo de cinco meses, buscando acelerar un proceso que ha generado críticas por su lentitud.

Perspectivas contrapuestas

- Desde la mirada política, sectores de oposición han cuestionado la gestión del Gobierno, especialmente la falta de supervisión oportuna y la comunicación confusa sobre la devolución.
- En el mundo empresarial y técnico, la postura de las generadoras refleja una defensa de la institucionalidad vigente y un llamado a mejorar las capacidades técnicas del Estado para evitar errores futuros.
- Para los consumidores, la incertidumbre y la demora en la devolución alimentan la desconfianza hacia un sistema que impacta directamente en su economía doméstica.

Consecuencias y lecciones

El monto estimado de devolución supera los US$250 millones, pero la mayoría de esos recursos aún no han sido pagados por los usuarios, sino que permanecen en manos de las empresas. Esto implica que el impacto real en las cuentas de luz será gradual y que la restitución efectiva dependerá de la transparencia y eficacia del mecanismo que se implemente.

El episodio pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad energética chilena, dotando a sus organismos de mayor capacidad técnica y autonomía, para garantizar la correcta fijación de tarifas y la protección de los derechos de los consumidores.

Finalmente, la controversia revela una disonancia entre actores clave del sector, que solo podrá resolverse con diálogo abierto, rendición de cuentas y reformas estructurales que restauren la confianza pública y aseguren la estabilidad del sistema eléctrico nacional.