El Asedio a Orrego: Cuando la Fiscalización se Transforma en Batalla por la Gobernación Metropolitana

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A más de dos meses de que la Contraloría General de la República publicara un contundente informe sobre la gestión del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, el eco de sus hallazgos no solo persiste, sino que ha mutado. Lo que comenzó como una auditoría administrativa sobre el uso de fondos públicos se ha convertido en un campo de batalla con dos frentes abiertos para el gobernador Claudio Orrego: uno judicial, donde figura como imputado, y otro político, con una solicitud de destitución que la oposición afina para presentar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).

El caso ha trascendido la figura del exmilitante demócrata cristiano para instalarse como una prueba de fuego para la joven institucionalidad de los gobiernos regionales, poniendo en tela de juicio los límites entre la gestión, la estrategia política y la probidad en el uso de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos de la región.

Desarrollo Analítico: De la Auditoría a la Acusación

El 4 de junio, un informe de 159 páginas de la Contraloría encendió las alarmas. El documento detallaba una serie de irregularidades, pero el foco se centró en el pago de $31 millones a la consultora Vera y Asociados S.A. por servicios de coaching para directivos. Según el ente fiscalizador, estas sesiones, contratadas para mejorar la gestión institucional, habrían derivado en el análisis de temas de campaña electoral, como el manejo de noticias falsas y estrategias de cara a la reelección de Orrego. Para Contraloría, esto podría constituir una vulneración al principio de probidad al usar recursos públicos en beneficio de la autoridad.

La reacción fue inmediata. La Fiscalía Metropolitana Oriente sumó esta arista a una investigación previa que ya cursaba contra Orrego por el caso ProCultura, dejándolo en calidad de imputado por presunto fraude al Fisco. Paralelamente, consejeros regionales (cores) de Chile Vamos y el Partido Republicano anunciaron su intención de buscar la remoción del gobernador.

Con el pasar de las semanas, la ofensiva se nutrió de más antecedentes. Un análisis de datos de Mercado Público reveló que las compras por trato directo en el GORE se habían duplicado entre 2023 y 2024, alcanzando 222 adjudicaciones. Aunque desde la gobernación discreparon de las cifras, la percepción de una gestión con controles laxos se instaló en el debate público, sumándose a otros hallazgos de la auditoría, como contrataciones directas cuestionadas y desórdenes contables.

Perspectivas Contrastadas: ¿Mala Gestión o Maniobra Política?

La narrativa del caso se ha bifurcado en dos interpretaciones irreconciliables:

• La Defensa de Orrego: El gobernador y su equipo han sostenido firmemente que no existen irregularidades. Argumentan que los servicios de coaching son una herramienta de gestión moderna, implementada desde 2021, y que es natural que en las discusiones estratégicas surja el contexto político del país y de la región. Orrego ha acusado un "burdo aprovechamiento político" por parte de la oposición, enmarcando la ofensiva como un intento de "ganar por secretaría" lo que no pudieron en las urnas. Su defensa se basa en la normalización de prácticas de gestión del mundo privado en el sector público, una visión que choca con la estricta interpretación de la Contraloría sobre el uso de recursos fiscales.

• La Ofensiva Opositora: Para los consejeros de Chile Vamos y Republicanos, los hechos constituyen un patrón de "notable abandono de deberes" y faltas graves a la probidad. No ven los eventos como hechos aislados, sino como la culminación de una serie de decisiones discrecionales que incluyen el caso ProCultura y el aumento de los tratos directos. Para este sector, la solicitud de destitución no es una maniobra, sino el cumplimiento de su rol fiscalizador y un mecanismo de control institucional para resguardar la fe pública y el correcto uso de los fondos regionales.

Entre ambas posturas, emerge una disonancia cognitiva: ¿es posible liderar una institución política sin discutir de política? ¿Dónde se traza la línea entre la planificación estratégica legítima y el proselitismo con fondos públicos? La respuesta que entreguen la Fiscalía y el TRICEL sentará un precedente crucial.

Contexto Estructural: La Sombra del "Caso Convenios"

Este conflicto no ocurre en el vacío. Se enmarca en un clima de desconfianza ciudadana generalizada, alimentado por el "Caso Convenios" que ha salpicado a diversas instituciones y figuras políticas. La figura del gobernador regional, creada para profundizar la descentralización, se ve hoy desafiada en su legitimidad.

El caso Orrego se convierte así en un laboratorio para medir la eficacia de los mecanismos de control y la capacidad del sistema político para procesar conflictos de probidad sin caer en la parálisis o la instrumentalización partidista. Es, en esencia, un debate sobre la calidad de la nueva gobernanza regional.

Estado Actual: Un Final Abierto

A la fecha, el conflicto está lejos de resolverse. La investigación de la Fiscalía sigue su curso, con diligencias en desarrollo. En el plano político, los equipos jurídicos de la oposición trabajan en un texto común para formalizar el requerimiento de destitución ante el TRICEL. Mientras tanto, Claudio Orrego, aunque ha guardado silencio en sus últimas apariciones públicas sobre el tema, insiste en su inocencia y continúa ejerciendo su cargo bajo una intensa presión.

El futuro de la Gobernación Metropolitana se decidirá en dos arenas paralelas: la judicial, que determinará si hubo delito, y la político-administrativa, que juzgará si hubo mérito para su remoción. El desenlace no solo definirá la suerte de una de las figuras políticas más visibles del país, sino también el alcance y los contrapesos de un poder regional que aún busca su lugar en el mapa institucional de Chile.