El Supremo de EE.UU. cuestiona la legalidad de los aranceles de Trump: un golpe a la política comercial unilateral

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto en jaque la controvertida política arancelaria de Donald Trump. Tras una audiencia de más de dos horas el pasado 5 de noviembre, tres jueces conservadores, entre ellos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, expresaron un escepticismo notable sobre la legalidad de los aranceles impuestos unilateralmente por el expresidente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

Estos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 50% según el país y sector, han gravado importaciones desde más de un centenar de países, afectando industrias clave como la automotriz, el acero y el cobre. La recaudación alcanzó los 195 mil millones de dólares hasta septiembre de 2025, según datos del Departamento del Tesoro estadounidense.

El centro del debate legal reside en si la IEEPA autoriza al presidente a imponer impuestos o aranceles sin la aprobación explícita del Congreso. Los demandantes, entre ellos pequeñas empresas y fiscales generales de estados demócratas, argumentan que la ley no menciona términos como "aranceles" o "impuestos", y que la doctrina constitucional estadounidense exige claridad legislativa para delegar poderes de tal magnitud.

Neil Gorsuch planteó: "¿Qué impediría que el Congreso abdique toda responsabilidad y entregue poderes como declarar la guerra al presidente?" Amy Coney Barrett, por su parte, dudó de que los desequilibrios comerciales pudieran considerarse "amenazas graves" que justifiquen medidas de emergencia.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó que la imposición de impuestos es una prerrogativa fundamental del Congreso.

En contraste, el procurador general John Sauer defendió la posición del gobierno de Trump, insistiendo en que los aranceles forman parte de la regulación del comercio exterior, no de impuestos directos a los ciudadanos.

Desde Chile, la reacción no se hizo esperar. En el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) celebrado semanas antes, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, denunció que estos aranceles estadounidenses vulneran el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y afectan la competitividad del sector agrícola chileno.

"Los agricultores chilenos sabemos competir, pero respetando las reglas del juego. El alza unilateral de aranceles no lo podemos aceptar", afirmó Walker, haciendo un llamado a la unidad nacional y a la negociación para volver al arancel cero. Además, destacó el avance de países competidores como Perú, que ha implementado beneficios tributarios y millonarias inversiones en infraestructura agrícola.

Este pulso legal en Washington trasciende la disputa comercial y se inscribe en un conflicto más amplio sobre la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en Estados Unidos. La Corte Suprema, con mayoría conservadora, ha mostrado en los últimos años una tendencia a limitar la expansión presidencial unilateral, como se evidenció en fallos recientes sobre condonación de deuda estudiantil y otras políticas.

La jueza liberal Sonia Sotomayor recordó que "si son impuestos, corresponde al Congreso imponerlos, no al presidente". La jueza Ketanji Brown Jackson añadió que la IEEPA fue concebida originalmente para limitar, no expandir, el poder presidencial en materia económica.

Las consecuencias de la sentencia que se espera antes de fin de año son múltiples y profundas:

- Podría invalidar decenas de miles de millones de dólares en aranceles, obligando a reembolsos y debilitando la herramienta de presión comercial unilateral de la Casa Blanca.

- Impactaría en la relación comercial de Estados Unidos con socios clave, especialmente en sectores sensibles para Chile y América Latina.

- Reafirmaría el rol central del Congreso en la política económica y comercial, limitando la capacidad presidencial para actuar sin supervisión legislativa.

Este desenlace marca un punto de inflexión en la guerra comercial que ha definido la administración Trump y sus secuelas, y abre un debate crucial sobre el equilibrio de poderes y la legitimidad de las medidas económicas en un mundo globalizado.

Fuentes consultadas incluyen reportajes de Diario Financiero, El País y Bloomberg, además de declaraciones oficiales del Tribunal Supremo de Estados Unidos y líderes gremiales chilenos.