
Un error técnico que se transformó en un terremoto político. El 16 de octubre de 2025, el exministro de Energía Diego Pardow renunció tras descubrirse un error en el cálculo de las cuentas de la luz, que afectó a miles de hogares y empresas en Chile. Diecisiete días después, la oposición, liderada por Chile Vamos, presentó una acusación constitucional en su contra, acusándolo de negligencia y falta de control en una materia sensible para la ciudadanía.
En este escenario, la defensa legal de Pardow quedó en manos de Francisco Cox, abogado con amplia experiencia en juicios políticos, quien ya había defendido con éxito a otra figura gubernamental en situaciones similares. La formalización de esta defensa el 27 de octubre marcó un punto de inflexión en la disputa.
Desde la perspectiva de la oposición, la acusación no es solo una respuesta a un error técnico, sino un llamado de atención sobre la gestión pública y la transparencia en un sector clave para la economía y el bienestar social. “No se trata solo de números, sino de confianza y responsabilidad política”, señaló un vocero de Chile Vamos.
Por otro lado, el oficialismo y sectores técnicos defienden a Pardow argumentando que el error fue un fallo administrativo, sin intención ni dolo, y que la renuncia ya fue una sanción suficiente. “Estamos frente a un caso de mala gestión, pero no de corrupción ni de mala fe”, afirmaron desde el Frente Amplio.
Ciudadanos afectados, expertos en energía y analistas políticos han seguido el caso con atención, generando debates sobre la complejidad de las políticas públicas en servicios básicos y la fragilidad de la confianza social en las instituciones.
El juicio político ha puesto en evidencia las fracturas políticas y la polarización que atraviesa el Congreso. Más que un simple trámite legal, se ha convertido en un coliseo donde cada actor despliega sus argumentos para ganar la batalla narrativa.
Algunos parlamentarios han planteado la necesidad de avanzar hacia reformas estructurales en el sector energético, mientras que otros insisten en que la acusación es un uso político para desgastar al gobierno. La discusión ha trasgredido lo técnico para adentrarse en lo simbólico y estratégico.
Tras semanas de análisis, se puede afirmar que este caso es un espejo de la complejidad chilena actual: la tensión entre exigencia ciudadana, responsabilidad política y tecnicismo administrativo. El error en las cuentas de la luz fue un detonante, pero la verdadera crisis es de confianza y gobernabilidad.
La defensa de Francisco Cox ha logrado poner en discusión no solo la culpabilidad de Pardow, sino también el uso político de las acusaciones constitucionales como herramienta de presión y control.
Finalmente, el desenlace de este proceso tendrá implicancias más allá del exministro: definirá precedentes para la rendición de cuentas en temas estratégicos y la relación entre poderes del Estado, marcando un precedente para futuras controversias en la política chilena.
Este episodio invita a la reflexión profunda sobre cómo se construye y destruye la confianza pública en tiempos de crisis, y cómo los actores políticos y sociales enfrentan sus responsabilidades en el coliseo democrático.