
Un fallo que cierra un capítulo y abre interrogantes. El 27 de octubre de 2025, la Corte Suprema ratificó la expulsión de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras rechazar su recurso de reposición. Esta decisión pone fin a un proceso que comenzó meses antes, cuando salieron a la luz intercambios de mensajería con el abogado Luis Hermosilla, que comprometían el deber de probidad y confidencialidad que rige a los jueces.
El 10 de septiembre de 2025, la misma Corte Suprema sancionó a Sabaj por vulnerar la privacidad de acuerdos judiciales y por compartir información sobre la supuesta tendencia política de ministros y abogados antes de resoluciones importantes. Además, se le reprochó haber sugerido estrategias procesales a Hermosilla, lo que se consideró una transgresión grave a la independencia judicial.
Este caso se convirtió en un escenario de debate público y político, no solo por el contenido de los chats, sino también por la comparación con otro proceso paralelo: el de Antonio Ulloa, también ministro del tribunal de alzada de Santiago, quien enfrentó una acusación similar pero no fue removido.
Los abogados defensores de Sabaj, Isidro Solís y Alejandro Usen, denunciaron un trato desigual, argumentando que la exmagistrada fue sancionada con severidad desproporcionada en comparación con Ulloa, cuyo proceso terminó sin expulsión pese a contar con un empate en votos dentro de la Suprema.“No se respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación”, sostuvieron en su recurso de reposición.
En contraste, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que la decisión fue adoptada por mayoría y fundamentada en la gravedad de la falta de Sabaj, enfatizando que el tribunal evaluó cada caso con sus propios méritos.“Los argumentos no logran desvirtuar lo resuelto”, afirmó Melo. Sin embargo, el ministro Mauricio Silva emitió un voto en minoría apoyando la reposición, evidenciando fracturas internas en el máximo tribunal.
Este episodio ha generado un debate más amplio sobre la transparencia, la ética y la equidad en el Poder Judicial chileno. Por un lado, la remoción de Sabaj se interpreta como una señal clara de que la justicia debe sancionar severamente las conductas que comprometan su integridad. Por otro, la comparación con Ulloa alimenta dudas sobre la consistencia y la imparcialidad en los procesos disciplinarios.
Desde la sociedad civil y expertos en derecho, las opiniones también divergen. Algunos sectores ven en esta resolución un avance hacia una justicia más rigurosa y confiable. Otros advierten que la percepción de desigualdad puede minar la confianza ciudadana y alimentar la desafección hacia las instituciones.
La Corte Suprema ha cerrado la puerta para la reinstalación de Verónica Sabaj en la judicatura. La historia que se despliega tras este fallo no es solo la de una sanción individual, sino la de una institución enfrentada a sus propias tensiones internas y al escrutinio público.
Lo que queda claro es que la justicia chilena se encuentra en un momento de prueba, donde la transparencia y la equidad deben ser más que valores aspiracionales. La igualdad en la aplicación de sanciones y la coherencia en los criterios disciplinarios serán fundamentales para restaurar la confianza de una ciudadanía que observa expectante.
En este coliseo judicial, los protagonistas se enfrentan no solo entre sí, sino también a la mirada crítica de una sociedad que exige justicia con mayúsculas, sin privilegios ni dobles estándares.
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Fuentes consultadas: La Tercera (27/10/2025), declaraciones oficiales de la Corte Suprema, entrevistas con abogados defensores y expertos en derecho constitucional.