
El 4 de octubre de 2025, Krishna Aguilera desapareció en la comuna de San Bernardo, desencadenando una búsqueda intensa que mantuvo en vilo a la comunidad y a todo el país. Tras más de 20 días de incertidumbre, su cuerpo fue hallado el 26 de octubre, confirmando la tragedia que su familia y cercanos temían. Desde entonces, la historia de Krishna se ha convertido en un espejo que refleja no solo el dolor de una familia, sino también las tensiones y desafíos del sistema de justicia chileno y la sociedad en torno a la violencia y la seguridad ciudadana.
En primera persona, las protagonistas del drama han sido las hermanas y madre de Krishna. Paula Yáñez, madre de Krishna, expresó: “Ya estamos todos tranquilos, pero ahora se viene lo más largo, justicia para estas personas, que ya no se cometa más crímenes”. Su voz, cargada de la gravedad que solo el duelo puede otorgar, demanda que los responsables “paguen y se pudran en la cárcel”. Por su parte, Cristal Aguilera, hermana de la víctima, ha sido enfática en pedir condenas sin beneficios, que no “pisen nunca más la calle”, apuntando a la peligrosidad de los imputados y la necesidad de una sanción ejemplar.
Cristal no solo reclama justicia, sino que también cuestiona el accionar de las autoridades. “Se perdió mucho tiempo, porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso”, señaló, evidenciando una percepción de lentitud y falta de efectividad en la investigación. Además, descartó contactos directos con el Gobierno, aunque valoró gestos de la Municipalidad de San Bernardo, y manifestó una preocupación latente por su seguridad y la de su familia, pese a no haber recibido amenazas directas recientes.
Actualmente, seis personas están detenidas, incluyendo a Juan Beltrán, quien permanece en prisión preventiva y es sindicado como principal responsable. Sin embargo, la familia y parte de la opinión pública cuestionan la demora en la investigación y la gestión policial y judicial. Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa debates sobre la eficacia del sistema penal chileno, la protección a víctimas y familiares, y la prevención de la violencia, especialmente contra mujeres jóvenes.
Desde una perspectiva política y social, el caso ha generado reacciones encontradas. Sectores críticos han señalado que la respuesta estatal ha sido insuficiente y tardía, mientras que otros destacan la complejidad de las investigaciones en casos de desapariciones y homicidios. En San Bernardo, comunidad profundamente afectada, el clamor por seguridad y justicia se ha intensificado, reflejando un malestar que trasciende el caso particular.
Este episodio, más allá de su tragedia humana, revela verdades difíciles de soslayar: la vulnerabilidad de las mujeres en contextos urbanos, la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa y preventiva de las policías, y la urgencia de un sistema judicial que responda con celeridad y rigor. También muestra la fuerza de las familias que, en medio del dolor, se convierten en activas demandantes de justicia, enfrentando no solo a quienes cometieron el crimen, sino también a las instituciones encargadas de protegerlas.
El caso Krishna Aguilera es, en definitiva, una herida abierta que interpela a Chile en múltiples dimensiones. La justicia exigida sin concesiones por su familia y la comunidad es un llamado a no olvidar ni minimizar la violencia que afecta a tantas mujeres. La historia no termina con el hallazgo del cuerpo; apenas comienza la batalla por la verdad, la sanción y la reparación.
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Fuentes consultadas: La Tercera (27 y 26 de octubre de 2025), declaraciones públicas de la familia Aguilera, informes judiciales preliminares.