Formalización y prisión preventiva en el caso Krishna Aguilera: un crimen que expone las grietas sociales y judiciales chilenas
El 4 de octubre de 2025, Krishna Aguilera Yáñez, una joven de 19 años, desapareció en San Bernardo. Veintidós días después, su cuerpo fue encontrado en un sitio preparado para ocultar su asesinato, en la zona de Catemito, Calera de Tango. La brutalidad del crimen y la complejidad de las redes que lo rodean han puesto en evidencia no solo la violencia de género que persiste en Chile, sino también las falencias y desafíos del sistema judicial y policial para abordar casos de esta naturaleza.
El caso, que capturó la atención pública en octubre, se ha ido desentrañando con la detención y formalización de seis personas, entre ellas tres adultos y una adolescente, quienes quedaron en prisión preventiva o internación provisoria. Juan Beltrán, conocido en San Bernardo como “Guatón Beltrán”, fue identificado como el presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio. Su círculo cercano, compuesto por familiares, parejas y personas con nexos económicos y afectivos, también fue implicado, revelando una red de complicidad que desafía la percepción de crímenes aislados.
Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente, el fiscal Marcos Pastén calificó el hecho como un "secuestro con homicidio planificado, no un accidente ni un crimen pasional". Además, destacó la violencia de género como un elemento central, dado que Krishna fue "brutalmente asesinada" en un contexto de crimen organizado vinculado al tráfico de drogas.
Las voces desde distintos sectores muestran un país en tensión. Por un lado, organizaciones feministas y de derechos humanos han señalado que este crimen es una dolorosa manifestación de la violencia estructural que enfrentan las mujeres, y han exigido reformas profundas en políticas de prevención y protección. Por otro, sectores conservadores y representantes políticos han puesto el foco en la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado, demandando mayor eficacia policial y judicial.
En el plano regional, la zona sur de la Región Metropolitana, especialmente comunas como San Bernardo y Calera de Tango, aparece como un espacio donde la marginalidad, el narcotráfico y la violencia se intersectan, configurando un escenario complejo para la convivencia social y el ejercicio del Estado de derecho.
El caso también ha puesto en evidencia la labor de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, que en menos de un mes lograron desbaratar esta red criminal y avanzar en la investigación. Sin embargo, persisten críticas sobre la lentitud en la búsqueda inicial y la falta de prevención que permita evitar tragedias similares.
A casi un mes de la formalización, el proceso judicial sigue en curso, con diligencias pendientes y la expectativa puesta en la audiencia de reformalización de Juan Beltrán, prevista para el 13 de noviembre. Este proceso se convierte en un momento clave para dilucidar responsabilidades y para que la justicia entregue respuestas claras a una sociedad que reclama seguridad y verdad.
En definitiva, el crimen de Krishna Aguilera no es solo un caso aislado de violencia extrema, sino un reflejo de múltiples crisis que atraviesan Chile: la persistencia de la violencia de género, la influencia del crimen organizado en comunidades vulnerables, la complejidad de las redes sociales que facilitan estos delitos y las dificultades del sistema judicial para responder con eficacia y sensibilidad.
Este episodio trágico invita a una reflexión profunda sobre las políticas públicas, la cultura social y la responsabilidad colectiva, en un país que busca reconciliarse con sus heridas y avanzar hacia un futuro con mayor justicia y seguridad para todos.