Sala Cuna Universal: La batalla por el empleo femenino y la corresponsabilidad laboral: ¿un avance o un costo insostenible?

En el epicentro del debate nacional por la equidad laboral y el cuidado infantil, la Ley de Sala Cuna Universal ha emergido como un campo de batalla donde se enfrentan discursos, intereses y expectativas contrapuestas.

Desde octubre hasta noviembre de 2025, el proyecto ha transitado por la Cámara de Diputados y el Senado, con indicaciones clave que buscan eliminar la histórica discriminación laboral que recae sobre las mujeres, y extender el derecho a sala cuna a todos los trabajadores y trabajadoras con hijos menores de dos años.

Este proyecto, que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, elimina la obligación exclusiva para empresas con 20 o más trabajadoras y establece un Fondo de Sala Cuna financiado con una cotización obligatoria del 0,3% sobre las remuneraciones imponibles, a cargo de los empleadores, con una compensación parcial mediante la reducción del 0,1% en la cotización del seguro de cesantía.

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Una reforma con múltiples rostros

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha enfatizado que esta reforma es un "paso histórico hacia la igualdad de género" y que desvincula el costo de la sala cuna de la contratación femenina, un obstáculo que por décadas limitó la empleabilidad de las mujeres. Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostiene que el derecho se extiende a ambos padres, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado infantil.

Sin embargo, no todos comparten esta visión optimista. Desde la Cámara de Comercio de Santiago y gremios empresariales, María Teresa Vial advierte que "no basta con dar la posibilidad de cuidado, sino que hay que asegurar que las personas tengan empleo efectivo", alertando sobre el posible impacto negativo en la generación de empleo formal, especialmente en pymes.

En un tono crítico, Fernanda García, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, reconoce la importancia de la iniciativa, pero advierte que el monto propuesto para financiar el fondo no cubre el costo real de las salas cuna, lo que podría traducirse en un costo adicional para las empresas y desincentivar la contratación femenina.

En sentido contrario, Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, defiende que el proyecto es fruto de un diálogo amplio y que representa un avance necesario para cerrar una deuda histórica con las mujeres trabajadoras.

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El dilema del financiamiento: ¿solidaridad o carga empresarial?

El corazón del conflicto yace en la fórmula de financiamiento. La creación del Fondo de Sala Cuna implica una cotización obligatoria que, aunque parcialmente compensada, representa un nuevo costo para los empleadores.

Para las grandes empresas, el esquema puede representar un ahorro o una redistribución más equitativa del costo. Sin embargo, para las pymes, que hoy no están obligadas a proveer sala cuna, implica un gasto adicional estimado en hasta $2.000 mensuales por trabajador, lo que podría ascender a cerca de $700 mil anuales por cada 20 empleados.

Esta carga, sumada a un contexto económico con tasas de desempleo femenino cercanas al 10% y una participación laboral femenina en torno al 53%, ha generado preocupación entre sectores empresariales y gremiales.

La Multigremial de Emprendedores y la Cámara de Comercio han expresado que este aumento en costos laborales podría desincentivar la contratación de mujeres en edad fértil, profundizando la desigualdad que se busca mitigar.

Además, la exigencia de que las salas cuna estén acreditadas por el Ministerio de Educación, aunque apunta a garantizar calidad, introduce barreras administrativas y costos que podrían limitar la cobertura, especialmente en zonas rurales o con escasa oferta.

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Voces sindicales y sociales: una demanda de justicia y urgencia

Más de 40 sindicatos, incluyendo organizaciones de grandes empresas y sectores diversos, han unido sus voces para exigir la aprobación expedita de la ley, calificándola como una demanda de justicia histórica.

"Cada día que pasa sin aprobar esta reforma es un día más en que se perpetúa la desigualdad", señalan en una carta pública, alertando sobre el efecto perverso del requisito actual que obliga solo a empresas con 20 o más trabajadoras.

Para ellos, la reforma no es un tema técnico sino un imperativo social para garantizar igualdad de oportunidades y derechos laborales a las mujeres.

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La política y la tramitación: entre acuerdos y bloqueos electorales

El debate no ha estado exento de tensiones políticas. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció públicamente que la aprobación del proyecto antes de las elecciones de 2025 sería difícil, atribuyéndolo a un bloqueo político de la oposición que no querría otorgar un logro electoral al Gobierno.

"Para ser bien honesto, creo que sala cuna va a salir, pero no se va a lograr mientras no sea la elección, porque no nos van a dar ese logro político", afirmó Grau en televisión.

La diputada Paula Labra, en respuesta, acusó al Gobierno de usar la iniciativa con fines electorales y criticó la gestión del Ejecutivo en materia de empleo femenino, recordando que la tasa de desempleo femenino ha alcanzado niveles superiores al 10% durante este periodo.

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Constataciones y consecuencias

Este episodio ha expuesto con claridad las tensiones inherentes a cualquier reforma social profunda que implica redistribución de costos y responsabilidades.

El proyecto de Sala Cuna Universal representa un avance sin precedentes en materia de derechos laborales y corresponsabilidad de género, al universalizar el acceso al cuidado infantil y desanclarlo del género y tamaño de la empresa.

No obstante, la sostenibilidad económica y la implementación efectiva del sistema dependen de cómo se manejen las cargas financieras y administrativas, especialmente para las pymes, donde el impacto puede ser más severo.

La discusión ha mostrado que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real si los costos asociados generan efectos adversos en la contratación y la generación de empleo femenino.

Finalmente, este debate invita a reflexionar sobre cómo construir políticas públicas que conjuguen justicia social, eficiencia económica y viabilidad política, en un contexto donde las mujeres chilenas reclaman no solo derechos, sino también condiciones reales para ejercerlos.

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Fuentes: Cooperativa.cl, Diario Financiero, La Tercera, declaraciones oficiales de ministros Boccardo, Orellana y Grau; análisis de gremios empresariales y sindicatos; opiniones de expertos y líderes sociales.