Partido Comunista y la tormenta de la acusación constitucional contra Diego Pardow: ¿defensa o desgaste político?

Partido Comunista y la tormenta de la acusación constitucional contra Diego Pardow: ¿defensa o desgaste político?
Actualidad
Política
2025-11-12
Fuentes
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- Divergencia interna y pública sobre apoyar o no la acusación constitucional contra el exministro Pardow.

- El PC pone el foco en la devolución de dineros, no en la sanción política.

- Un debate que refleja tensiones ideológicas y electorales a menos de un mes de las elecciones parlamentarias.

En medio de un escándalo político y económico que ha sacudido al sector energético y al oficialismo, el Partido Comunista (PC) ha protagonizado un pulso que exhibe sus tensiones internas y su estrategia política frente a la acusación constitucional anunciada contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Desde fines de octubre de 2025, el debate sobre la responsabilidad política en los cobros excesivos en las cuentas eléctricas -que implicaron un sobrepago inicial estimado en US$115 millones- ha polarizado a la oposición y al propio oficialismo. El exministro Pardow renunció en octubre, pero la oposición impulsó una acusación constitucional para sancionar su gestión.

El PC entre la prudencia política y la presión social

Al principio, Lautaro Carmona, presidente del PC, no descartó apoyar la acusación constitucional, señalando que si correspondía, la bancada comunista la respaldaría. Sin embargo, en los días siguientes, la colectividad cambió su postura y definió públicamente no apoyar el libelo.

"Nuestra decisión se basa en que el punto central debe estar en la devolución de los dineros a las y los usuarios que han visto afectados sus bolsillos con este cobro excesivo", afirmó el PC en un comunicado oficial. Para la tienda del martillo y la hoz, la renuncia de Pardow fue una medida política "correcta y suficiente", y una acusación constitucional desviaría la atención de lo esencial: que las empresas respondan con rapidez y exactitud.

Esta postura fue respaldada por la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien cuestionó la seriedad de la acusación a un mes de las elecciones parlamentarias, sugiriendo un uso electoralista del proceso.

Voces disonantes y el clamor ciudadano

No obstante, esta decisión no estuvo exenta de críticas y voces disonantes. Diputados y sectores de la oposición, como el presidente de Acción Humanista Tomás Hirsch, exigieron no solo sanciones políticas sino también acciones legales contra las empresas y funcionarios públicos involucrados.

"La situación es totalmente inaceptable, impresentable; es más que un error: es un horror", señaló Hirsch, quien pidió querellas contra los responsables.

Desde la derecha, el diputado RN Diego Schalper advirtió que la acusación constitucional podría "revivir" tras conocerse que no solo las generadoras, sino también la transmisora Transelec, incurrió en cobros excesivos.

Un escenario político y social cargado de simbolismos

Este episodio no es solo un conflicto técnico o administrativo, sino que refleja las tensiones profundas entre la ciudadanía, los poderes económicos y los actores políticos. El PC, históricamente identificado con la defensa de los derechos populares y la crítica a las élites, enfrenta hoy un dilema: cómo mantener su coherencia ideológica sin desgastarse en un escenario donde la política se juega a contrarreloj y con alta presión electoral.

"Desde ya, y tal como ha sido el sello de nuestro trabajo como representantes del pueblo, cuentan con nuestro compromiso para legislar y fiscalizar para que esta situación no quede impune y el dinero sea devuelto a cada familia", concluyó Carmona.

Constataciones y consecuencias

Tras semanas de debate y tras la renuncia de Pardow, el Partido Comunista ha optado por una estrategia que prioriza la devolución efectiva de los dineros a los usuarios afectados, evitando una confrontación directa a través de la acusación constitucional. Esta postura, sin embargo, ha generado críticas que apuntan a una posible deslegitimación política y a un riesgo de pérdida de confianza en sectores ciudadanos.

El caso Pardow se instala así como un espejo donde convergen las responsabilidades políticas, la presión ciudadana y la disputa por la narrativa política en un Chile que se acerca a elecciones parlamentarias decisivas.

Mientras tanto, las investigaciones en el Congreso avanzan, con comisiones especiales y solicitudes de transparencia, en un escenario que seguirá siendo foco de atención pública y política en las próximas semanas.

Las tensiones evidenciadas en este episodio invitan a reflexionar sobre las complejas dinámicas internas de los partidos, el rol de la oposición y la urgencia de respuestas concretas para una ciudadanía afectada por decisiones que impactan directamente su calidad de vida.