
En un episodio que conmocionó a San Bernardo y puso en evidencia las grietas del sistema de seguridad y justicia, el cuerpo de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años, fue encontrado tras 22 días de búsqueda en una ladera del cerro Chena, en Calera de Tango. La Fiscalía Metropolitana Occidente, a través del fiscal Marcos Pastén, ha calificado el caso como un secuestro con homicidio premeditado, descartando cualquier vínculo con un crimen pasional o circunstancial.
La investigación reveló que Juan Beltrán, conocido narcotraficante de San Bernardo, y su círculo cercano planificaron el crimen. Beltrán, apodado "El Guatón", se encuentra en prisión preventiva en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). La Fiscalía detuvo a seis personas vinculadas con la red, incluyendo a una menor de edad, pareja de Beltrán, y a familiares de los imputados.
"Esto no fue una situación azarosa ni un accidente. Fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo más estrecho", afirmó Pastén en rueda de prensa, subrayando que el lugar donde fue hallado el cuerpo estaba preparado para ocultar a la víctima.
Desde la perspectiva policial y judicial, el asesinato responde a una "pasada de cuenta" dentro del mundo del narcotráfico local. Krishna, quien mantenía una relación previa con Beltrán y un vínculo con el negocio ilícito, habría sido víctima de represalias por entregar información a bandas rivales, según los testimonios recogidos. Sin embargo, un testigo sostiene que la intención inicial era un escarmiento y no la muerte, que terminó ocurriendo en un desenlace trágico y brutal.
La comunidad de San Bernardo y organizaciones sociales han expresado su consternación y desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a jóvenes vulnerables atrapados en las redes del narcotráfico. Familiares de Krishna han reclamado públicamente que "los responsables no reciban beneficios carcelarios" y que la justicia actúe con mayor celeridad y rigor. Por otro lado, sectores políticos y expertos en seguridad han señalado que el caso evidencia la necesidad urgente de revisar las estrategias de prevención y desarticulación de estas redes criminales en la Región Metropolitana.
El caso también ha abierto un debate sobre la relación entre violencia de género, narcotráfico y juventud, puesto que la víctima y algunos de los imputados son menores de edad o jóvenes adultos, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad y el riesgo de explotación que enfrentan ciertas poblaciones.
Las formalizaciones de los detenidos se extendieron hasta el martes siguiente a su arresto, mientras el Servicio Médico Legal continúa con las pericias para determinar la causa exacta de la muerte, que preliminarmente apunta a una asfixia. La Fiscalía no descarta nuevas detenciones conforme avance la investigación.
Este caso, más allá de su tragedia individual, desnuda la complejidad y profundidad de un fenómeno criminal que impacta no solo a las víctimas directas, sino a toda una comunidad que reclama respuestas y transformaciones profundas en el sistema de justicia y políticas públicas.
En conclusión, el asesinato de Krishna Aguilera es la manifestación más dolorosa de una red criminal que opera con impunidad en San Bernardo, y que involucra dinámicas de poder, violencia y vulnerabilidad juvenil. La Fiscalía ha logrado avanzar en desarticular parte de esta estructura, pero la sociedad chilena debe enfrentar el desafío de comprender y abordar las raíces de este tipo de violencia para evitar que tragedias como esta se repitan.