
Un cambio de estrategia con consecuencias imprevisibles
A fines de octubre de 2025, el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente estadounidense Donald Trump planea informar al Congreso sobre posibles operaciones militares terrestres en Venezuela y Colombia, ampliando así la actual estrategia antidrogas que hasta entonces se había concentrado en ataques marítimos en el Caribe y el Pacífico. Este anuncio, que ha madurado en las semanas siguientes, pone en escena un conflicto que trasciende la simple lucha contra el narcotráfico y se instala en un terreno de disputas legales, políticas y humanitarias.
Perspectivas enfrentadas: seguridad vs. soberanía
Desde la óptica oficial estadounidense, esta expansión es una medida necesaria para proteger a su población de la llegada de drogas ilegales. Graham afirmó que las fuerzas armadas están cumpliendo órdenes legales y persiguen a narcoterroristas, no asesinando indiscriminadamente. 'Están haciendo que Estados Unidos sea más seguro al perseguir a un narcoterrorista', señaló el senador.
Sin embargo, esta visión enfrenta críticas severas. Senadores demócratas como Rubén Gallego han calificado los ataques como 'asesinato autorizado', denunciando la ausencia de procesos judiciales para las personas afectadas y cuestionando la legalidad internacional de estas acciones. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la falta de transparencia y la posibilidad de violaciones al derecho internacional, en un contexto donde no se ha probado que las embarcaciones atacadas transportaran drogas.
Impacto regional y voces locales
Para Venezuela y Colombia, la amenaza de incursiones militares extranjeras en su territorio representa un nuevo desafío en sus ya complejas realidades internas. Gobiernos y sectores sociales han manifestado su rechazo ante lo que perciben como una violación a su soberanía y un riesgo para la estabilidad regional.
En Colombia, que enfrenta una larga historia de conflicto armado y narcotráfico, la propuesta estadounidense genera debates sobre la eficacia y consecuencias de militarizar aún más la lucha antidrogas. Algunos sectores apoyan la colaboración internacional, mientras que otros advierten sobre el riesgo de aumentar la violencia y afectar a comunidades vulnerables.
En Venezuela, la situación es aún más delicada. La posibilidad de ataques terrestres en su territorio ha sido utilizada por el gobierno para reforzar su narrativa de agresión externa, aumentando la tensión tanto interna como con sus vecinos.
Una narrativa que revela una profunda disonancia
Este escenario muestra un choque frontal entre la lógica de seguridad nacional estadounidense y las preocupaciones por la soberanía y los derechos humanos en América Latina. La decisión de avanzar hacia operaciones terrestres no solo implica un cambio táctico, sino un desafío a las normas internacionales y a la diplomacia regional.
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha hundido al menos 10 embarcaciones en operaciones marítimas, con 43 personas a bordo fallecidas, según reportes oficiales. Estas cifras alimentan el debate sobre la proporcionalidad y legalidad de las acciones.
Conclusiones y consecuencias
La expansión de la guerra antidrogas estadounidense hacia operaciones terrestres en Venezuela y Colombia marca un punto de inflexión. Más allá del combate al narcotráfico, se abre una grieta en la relación entre Estados Unidos y sus vecinos, con repercusiones en la estabilidad regional y en la percepción internacional sobre el respeto a la soberanía y los derechos humanos.
Este episodio invita a reflexionar sobre los límites de la intervención militar en contextos complejos y la necesidad de enfoques integrales que consideren no solo la seguridad, sino también la justicia, la diplomacia y el bienestar de las poblaciones afectadas.
Fuentes consultadas incluyen reportes de Cooperativa.cl, declaraciones oficiales del Congreso estadounidense y análisis de organismos de derechos humanos internacionales.