El reajuste del sector público: un dilema fiscal y político que trasciende gobiernos

Un conflicto que no se resuelve en un año electoral. El reajuste salarial del sector público para 2026 se ha transformado en un verdadero desafío para el gobierno saliente, la oposición y los gremios de trabajadores. El proyecto de Presupuesto 2026 contempla una provisión de casi US$ 616 millones para reajustes, cifra que se ubica muy por debajo de los montos necesarios para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada y la mayor cotización previsional. Esta brecha, que supera los US$ 700 millones, no está reconocida explícitamente en el presupuesto, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y la rigurosidad fiscal de la administración actual.

El telón de fondo: un presupuesto con cuentas ajustadas y promesas difíciles de financiar. La estrategia del gobierno ha sido no inflactar el gasto en personal, dejando una línea base artificialmente baja y confiando en "holguras naturales" como demoras en contrataciones o provisiones genéricas del Tesoro para cubrir el eventual aumento. Para expertos como Mauricio Villena, decano de la UDP, esta práctica implica trasladar un compromiso financiero no financiado a la próxima administración, poniendo en riesgo la disciplina fiscal y la gobernabilidad.

Las voces en pugna. Desde la oposición, la preocupación es palpable. Parlamentarios como Ximena Rincón (Demócratas) advierten que el presupuesto ya presenta un déficit de entre 5 y 6 billones de pesos y que la falta de sinceridad en las cifras obliga a la próxima administración a realizar ajustes drásticos o aumentar la deuda pública. Por su parte, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, reconoce que un reajuste que incluya el IPC es probable, lo que tensionará aún más las cuentas fiscales.

En el otro extremo, desde la ultraderecha, propuestas como las de José Antonio Kast y Johannes Kaiser apuntan a reducir el empleo público de manera significativa, prometiendo auditorías y despidos masivos para controlar el gasto. Esto pone en alerta a los sindicatos y asociaciones de funcionarios, que buscan resguardar la estabilidad laboral ante un posible cambio de gobierno y la amenaza de despidos arbitrarios.

"Somos trabajadores del Estado y no de un gobierno de turno", afirma José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), enfatizando la demanda de incluir una norma que garantice la estabilidad laboral en el pliego de demandas para la negociación del reajuste.

Un escenario complejo y sin soluciones fáciles. La mesa del sector público, que agrupa a 16 asociaciones, está afinando un petitorio que incluirá no solo la cifra de reajuste —que se estima entre 6,5% y 7% nominal para recuperar el poder adquisitivo—, sino también garantías para evitar despidos y mejoras en condiciones laborales como la jornada de 40 horas y el teletrabajo.

Sin embargo, las cifras oficiales reflejan una realidad preocupante: en la administración central hay más de 523 mil cargos, con un aumento anual de casi 40 mil puestos en educación y salud, mientras que en otros sectores se han reducido en 8 mil. El gobierno apuesta a la regla 3x1 para reemplazos —solo un funcionario por cada tres que se retiren— como un mecanismo para controlar el gasto, pero expertos como Libertad y Desarrollo dudan de su eficacia real, estimando un ahorro anual que no supera los US$ 150 millones, insuficiente para cubrir los costos del reajuste.

¿Qué queda claro? Primero, que el reajuste del sector público es un campo de batalla donde convergen intereses económicos, políticos y sociales que no se resolverán con soluciones superficiales ni apresuradas. Segundo, que la falta de transparencia en la proyección y financiamiento del gasto público para 2026 pone una bomba fiscal en manos del próximo gobierno, que deberá lidiar con las consecuencias de decisiones tomadas hoy. Y tercero, que la estabilidad laboral y el reconocimiento del rol del funcionario público son demandas legítimas que emergen con fuerza en un contexto de incertidumbre política y económica.

Este episodio revela, además, una lección mayor: la necesidad de un diálogo fiscal serio, con reglas claras y acuerdos verificables que permitan sostener las finanzas públicas sin sacrificar la calidad de los servicios ni la dignidad de los trabajadores. La política fiscal y el bienestar social están en juego, y el tiempo para actuar con responsabilidad se agota.

Fuentes: La Tercera, Libertad y Desarrollo, declaraciones de dirigentes de ANEF y parlamentarios Ximena Rincón y Frank Sauerbaum.