Prisión preventiva: un hilo de violencia que atraviesa Chile sin pausa
Una cadena de tragedias y violencia ha marcado las últimas semanas en Chile, con múltiples casos de homicidios, agresiones y delitos graves que han derivado en la aplicación de la prisión preventiva a los imputados. Este fenómeno, que se extiende desde la Región Metropolitana hasta las zonas más apartadas del país, revela un panorama complejo que desafía a la sociedad y a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.
El 2 de octubre, Luis Lagos, de 21 años, fue detenido tras lanzar agua caliente a su abuela de 74 años, causándole lesiones que derivaron en su muerte semanas después. La fiscal Maritza Camus destacó que la libertad del joven representaba un peligro para la sociedad, lo que llevó a que el tribunal decretara prisión preventiva. Este caso, aunque extremo, pone en evidencia las tensiones que pueden existir en el ámbito familiar y las consecuencias fatales que pueden derivar de ellas.
En la comuna de La Reina, el 18 de octubre, Jorge Ugalde fue formalizado por el homicidio calificado de un fotógrafo y sus dos hijos, en un contexto de violencia intrafamiliar que aún mantiene interrogantes sobre sus motivaciones. La fiscal Carolina Remy-Maillet señaló que "existen antecedentes de orden patrimonial y económico que podrían estar involucrados", mientras que la investigación profundiza en posibles coautorías y participación de terceros.
La violencia también se manifiesta en espacios públicos. El 1 de noviembre, en La Serena, una riña terminó con la muerte de un hombre apuñalado más de 20 veces en Avenida del Mar. El imputado quedó en prisión preventiva, reflejando la gravedad de los hechos y la preocupación por la seguridad ciudadana en zonas de ocio nocturno.
No menos preocupante es el caso de un sujeto en San Miguel, que atacó sin provocación a transeúntes con un arma blanca, afectando al menos a seis personas. La alcaldesa Carol Bown destacó la rápida acción conjunta entre la comunidad, inspectores municipales, PDI y Fiscalía para detenerlo, pero el episodio cuestiona la percepción de seguridad en barrios populares.
En la Región Metropolitana, una banda de secuestradores extorsivos, compuesta por cinco venezolanos y una chilena, fue desarticulada tras secuestrar a una pareja de adultos mayores y a un hombre venezolano residente legal. La Fiscalía estableció 120 días para la investigación, mientras la sociedad debate sobre la inseguridad y la inmigración vinculada a la criminalidad.
En Puerto Aysén, se formalizó a un hombre por el homicidio de un adulto mayor de 78 años, cuyos restos fueron ocultados en una estufa a leña. El imputado, que además usurpó propiedades y estafó a terceros, fue enviado a prisión preventiva, reflejando la crudeza de delitos que afectan a las comunidades más pequeñas y aisladas.
Estos hechos se suman a otros casos emblemáticos, como la condena al homicida de un médico en La Serena, la detención de turistas brasileños por intentar ingresar ayahuasca ilegalmente al país, y agresiones a carabineros con adoquines en la capital.
Desde la perspectiva judicial, la prisión preventiva se ha convertido en la medida cautelar predominante ante la gravedad y reiteración de estos delitos. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales advierten que esta respuesta, aunque necesaria para garantizar la seguridad pública, no aborda las causas profundas que originan la violencia: la desigualdad, la desintegración familiar, el acceso limitado a la salud mental y la falta de políticas integrales de prevención.
El fiscal regional de Chillán, Maritza Camus, subrayó que la libertad de ciertos imputados representa un peligro para la sociedad, pero también reconoció la necesidad de fortalecer el trabajo interdisciplinario para evitar tragedias.
Por otro lado, voces desde la sociedad civil plantean que el enfoque punitivo debe complementarse con programas de rehabilitación y reinserción, así como con la promoción de la justicia restaurativa, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y juvenil.
La pluralidad de perspectivas revela una tensión entre la urgencia de proteger a la comunidad y la búsqueda de soluciones estructurales que reduzcan la violencia en el largo plazo. Mientras tanto, las familias de las víctimas y las comunidades afectadas enfrentan el dolor y la incertidumbre, observando cómo la justicia avanza lentamente, pero con medidas firmes.
Este ciclo de violencia y respuesta judicial pone en evidencia la complejidad del fenómeno en Chile, donde la seguridad pública, la justicia y la cohesión social se encuentran en un delicado equilibrio que aún está por resolverse.
En conclusión, los hechos recientes muestran que la prisión preventiva es una herramienta indispensable para la protección ciudadana, pero no suficiente para contener una ola de violencia que requiere un abordaje integral, coordinado y con mirada social. La sociedad chilena se enfrenta al desafío de transformar la respuesta a la criminalidad en un proceso que contemple prevención, justicia efectiva y reparación, para evitar que las tragedias sigan marcando el destino de tantas familias.