
Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha encendido un profundo debate en Chile y fuera de sus fronteras: terminar con varios tratados internacionales que el país ha suscrito en las últimas décadas. El 28 de octubre de 2025, en la ciudad de Osorno, Kaiser afirmó que, de llegar a La Moneda, Chile se saldría de Escazú, la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que estas instancias representan un freno económico y un control excesivo sobre la seguridad interna del país.
Este discurso, que puede parecer rupturista, no es un mero gesto electoral. Representa un desafío frontal al modelo de inserción internacional que Chile ha cultivado desde la transición a la democracia, y que ha sido pilar tanto para su desarrollo económico como para su posicionamiento geopolítico.
Desde la derecha tradicional hasta sectores más liberales, la reacción ha sido variada. Algunos ven en la propuesta de Kaiser un intento necesario de recuperar soberanía y autonomía, especialmente en materia económica y de seguridad ciudadana. “Chile debe decidir por sí mismo sin estar atado a organismos que imponen agendas que no siempre reflejan nuestros intereses nacionales”, señaló un analista cercano a sectores conservadores.
Por otro lado, voces del mundo académico y político advierten sobre los riesgos que implica esta postura. “Salir de tratados como el Acuerdo de París o Escazú no solo afecta la imagen internacional de Chile, sino que puede poner en jaque la cooperación ambiental y los compromisos en materia de derechos humanos que son esenciales para la estabilidad y el desarrollo sostenible”, explica una experta en relaciones internacionales de la Universidad de Chile.
En el plano social, organizaciones medioambientales y de derechos humanos han manifestado su preocupación por el retroceso que significaría esta decisión, alertando sobre el impacto en comunidades vulnerables, especialmente en el sur del país, donde la protección ambiental y los derechos indígenas están directamente vinculados a estos tratados.
Kaiser fundamenta su propuesta en la necesidad de fortalecer la seguridad interna y liberar a la economía de lo que califica como “cadenas burocráticas internacionales”. El diputado sostiene que estos acuerdos limitan la capacidad del Estado para actuar con eficacia frente a la delincuencia y la inmigración irregular, además de generar costos que afectan la competitividad.
Sin embargo, economistas independientes advierten que la salida de estos tratados podría generar incertidumbre en los mercados y afectar inversiones extranjeras, justamente en un momento en que Chile busca diversificar su economía y atraer capital en sectores como la minería y la energía renovable.
En paralelo, Kaiser ha intensificado su acercamiento a las iglesias evangélicas, sector que ha visto con simpatía algunas de sus propuestas. El 25 de octubre, se reunió con más de 75 líderes evangélicos en Santiago para dialogar sobre el rol social de las iglesias y su colaboración con el Estado. En este encuentro, Kaiser defendió la idea de un Estado laico que no sea anticristiano, buscando fortalecer la participación comunitaria de estas organizaciones.
Esta estrategia ha generado debate sobre la laicidad y el rol de las confesiones religiosas en la política, con sectores que alertan sobre la posible influencia de agendas religiosas en decisiones públicas.
El desafío planteado por Johannes Kaiser no es un mero acto retórico, sino una apuesta que confronta directamente las bases del orden internacional y nacional que Chile ha construido. La propuesta de terminar con tratados internacionales clave abre una fractura en el espectro político y social, que se refleja en la polarización del debate público.
Las consecuencias, ya visibles en la opinión pública y en la postura de actores internacionales, sugieren que un eventual gobierno de Kaiser implicaría una redefinición radical de la política exterior chilena, con impactos inciertos en la economía, la seguridad y los derechos humanos.
Para el ciudadano reflexivo, queda claro que esta historia no es solo sobre un candidato o un programa, sino sobre el futuro que Chile quiere construir: entre la soberanía nacional y la inserción global, entre la autonomía y la cooperación, entre la defensa de valores tradicionales y la protección de derechos universales.
Este es el escenario donde se juega la tragedia y la esperanza de un país que se debate entre dos mundos, y donde cada espectador debe decidir cuál rol quiere asumir.