Elecciones presidenciales y parlamentarias 2025: ¿Cómo se vive la jornada electoral en Chile? : La tensión entre deber cívico, sanciones y participación activa

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile se enfrenta a una de sus jornadas electorales más decisivas del ciclo 2025. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados, una medida que, lejos de pasar desapercibida, ha generado un debate intenso en la opinión pública y en los distintos sectores políticos y sociales del país.

La multa por no votar oscila entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, aproximadamente entre $34.000 y $104.000, una sanción que busca incentivar la participación ciudadana, pero que también despierta cuestionamientos sobre la coerción en el ejercicio democrático. A este escenario se suma la obligación de cumplir como vocales de mesa, función que, si bien conlleva un pago simbólico de dos tercios de Unidad de Fomento (cerca de $26.000), también implica multas mucho más severas para quienes incumplan: entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000.

Este complejo marco normativo ha sido recibido con opiniones encontradas. Desde el gobierno, se enfatiza la importancia de estas medidas para fortalecer la democracia y garantizar la legitimidad de los comicios. En contraste, organizaciones sociales y algunos sectores ciudadanos advierten que las sanciones podrían generar un efecto adverso, especialmente en comunidades vulnerables, donde las barreras para acudir a votar o cumplir funciones electorales son mayores.

El Servicio Electoral (Servel) publicó la lista definitiva de vocales de mesa el pasado 1 de noviembre, tras un periodo de excusas entre el 27 y 29 de octubre. Estas excusas, reguladas por la Ley 18.700, contemplan razones como estar fuera del país, tener más de 70 años, problemas de salud acreditados, gestación, cuidado de menores o adultos dependientes, entre otras. Sin embargo, la burocracia y los plazos ajustados han generado críticas sobre la accesibilidad y transparencia del proceso.

En paralelo, la oferta electoral presenta un abanico fragmentado y polarizado. Los candidatos presidenciales incluyen figuras de diversos espectros políticos: Jeannette Jara (Partido Comunista), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (Partido de la Gente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Liberal), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Harold Mayne-Nicolls (independiente) y Eduardo Artés (independiente). Esta diversidad refleja una sociedad en búsqueda de alternativas, pero también evidencia la dispersión que podría dificultar la formación de mayorías claras.

Desde la perspectiva regional, la jornada electoral ha puesto en relieve diferencias significativas en la participación y en la percepción del proceso. En zonas urbanas, la movilización y la fiscalización han sido intensas, mientras que en territorios rurales y periféricos persisten desafíos logísticos y culturales que afectan la concurrencia y el cumplimiento de roles electorales.

Ciudadanos entrevistados expresan sentimientos encontrados: desde el compromiso con el deber cívico hasta la frustración por las complicaciones y multas asociadas. "Es importante votar, pero estas multas me parecen excesivas, más cuando hay tantas dificultades para llegar a los locales en mi comuna", comenta una vecina de la Región del Biobío. Otro votante de Santiago señala: 'Ser vocal de mesa es un sacrificio, pero también una forma de participar activamente en la democracia. Sin embargo, la comunicación del Servel debería ser más clara para evitar confusiones.'

En definitiva, la elección del 16 de noviembre se configura como un escenario donde convergen la obligación legal, la responsabilidad social y las tensiones inherentes a un sistema democrático en transformación. La aplicación efectiva de multas y la fiscalización del cumplimiento serán factores clave para evaluar la eficacia de las políticas de participación electoral en Chile.

Las consecuencias de esta elección, más allá de los resultados, radicarán en cómo la sociedad chilena asume su rol ciudadano en un contexto político fragmentado y con exigencias legales estrictas. La jornada será, sin duda, una prueba para la madurez democrática y la capacidad del país para afrontar sus desafíos políticos y sociales con responsabilidad y pluralidad.

Este análisis se fundamenta en la información oficial del Servicio Electoral, reportes de La Tercera, Cooperativa.cl y El Informador Chile, complementado con voces ciudadanas y expertos en derecho electoral.