Mal uso masivo de licencias médicas en el sector público: más de 25.000 funcionarios bajo investigación: Un coliseo entre probidad, burocracia y justicia

Un escándalo que crece y no cesa. Desde mayo de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en jaque la integridad del sistema de licencias médicas en Chile, revelando que más de 25.000 funcionarios públicos habrían incumplido sus reposos médicos, realizando viajes al extranjero o asistiendo a casinos mientras estaban oficialmente incapacitados. Este fenómeno ha desatado una batalla entre la necesidad de proteger recursos públicos, la defensa de derechos laborales y la complejidad de los procesos administrativos.

El origen y la expansión del problema

El punto de partida fue el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) emitido en mayo, donde la CGR evidenció que miles de funcionarios públicos viajaron fuera del país durante sus licencias médicas. Posteriormente, se sumaron otros informes que ampliaron la cifra a 25.764 funcionarios involucrados al 15 de septiembre, según datos oficiales de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Esta cifra incluye a trabajadores del gobierno central, excluyendo municipios y otros organismos, pero con un fuerte peso regional: un 29% corresponde a funcionarios de servicios públicos con presencia en regiones.

Las irregularidades detectadas se dividen en varias categorías: un 36% por salidas del país, un 23% por visitas a casinos, un 6% por licencias emitidas por médicos bajo investigación, y otro 6% por funcionarios de Fuerzas Armadas y policiales que viajaron estando con licencia médica. Incluso, se han documentado casos insólitos como funcionarios que atendieron partos estando con reposo médico.

Voces enfrentadas: control, derechos y burocracia

“El abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia,” afirmó Adriana Delpiano, ministra de Defensa, al referirse a los 602 uniformados de las Fuerzas Armadas bajo sumario por estas conductas. Las instituciones castrenses han recibido órdenes de iniciar procesos disciplinarios en plazos estrictos, en un intento por restaurar la confianza pública.

Desde la industria de las Isapres, se denuncia que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) obstaculiza el rechazo de licencias médicas cuando las personas denunciadas por la Contraloría viajan al exterior. “Las Compin están pidiendo certificados migratorios o documentos emitidos por la PDI que no están al alcance de las isapres, dificultando la aplicación de sanciones,” señalan fuentes del sector privado, evidenciando la tensión entre organismos públicos y privados en la fiscalización.

Por otro lado, académicos y expertos en salud pública advierten que el problema es estructural. Carolina Velasco, directora de estudios de IPSUSS, sostiene que “es fundamental establecer consecuencias mayores para quienes abusan del sistema y generar estándares claros para reposos y fiscalizaciones.” Sin embargo, reconoce que las medidas deben ser permanentes para evitar que el efecto disuasivo sea solo temporal.

En la esfera política, la polémica también divide aguas. Algunos diputados, como Hernán Palma (FREVS), exigen sanciones ejemplares y una limpieza profunda del Estado, mientras otros sectores critican la lentitud y falta de voluntad política para avanzar en reformas legales que igualen las condiciones del subsidio entre trabajadores públicos y privados y fortalezcan los controles.

Procesos disciplinarios y el laberinto del debido proceso

Más de 8.300 sumarios administrativos se han iniciado en el sector público, con un avance desigual: solo 280 casos han cerrado con sanciones definitivas, que incluyen destituciones, término de contrato y multas. El proceso contempla etapas con plazos que pueden extenderse hasta 95 días hábiles, respetando el derecho a defensa y presentación de pruebas. Esta lentitud genera frustración en quienes demandan justicia rápida y efectiva.

En las Fuerzas Armadas, la ministra Delpiano informó que 602 uniformados están bajo investigación, con énfasis en regiones fronterizas donde la movilidad es más frecuente, aunque insiste en que “nadie puede salir del país sin autorización, sea cual sea el motivo.”

Consecuencias visibles y lecciones por aprender

Las cifras preliminares estiman que durante los periodos de ausencia irregular, los funcionarios afectados recibieron cerca de 33.684 millones de pesos en remuneraciones, equivalentes al costo de miles de cirugías o programas sociales. Este derroche no solo impacta en las finanzas públicas, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

Por otra parte, la cantidad de licencias médicas emitidas ha caído a mínimos históricos, atribuido en parte al llamado “efecto Contraloría” y a bloqueos preventivos a profesionales de la salud con conductas sospechosas. Sin embargo, expertos advierten que esta baja podría ser transitoria si no se implementan reformas estructurales que mejoren la fiscalización y la gestión del subsidio.

Un escenario de disonancia cognitiva constructiva

Este coliseo de actores —funcionarios, autoridades, organismos fiscalizadores, sector privado y políticos— se enfrenta a un desafío mayúsculo: equilibrar el respeto por el derecho a la salud y reposo con la necesidad de proteger recursos públicos y mantener la probidad administrativa. La disonancia surge cuando el sistema, concebido para proteger, es vulnerado por quienes lo utilizan indebidamente, generando desconfianza y desgaste institucional.

La narrativa no es lineal ni simple. Mientras algunos claman por sanciones duras y rápidas, otros recuerdan la importancia del debido proceso y la complejidad de la verificación en un país con realidades regionales diversas. En este entramado, la transparencia, la colaboración interinstitucional y la voluntad política son indispensables para avanzar hacia un sistema más justo y eficiente.

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Fuentes: Contraloría General de la República, Dirección de Presupuestos (Dipres), Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, La Tercera, Cooperativa, Diario Financiero, declaraciones públicas de autoridades y expertos en salud pública.