
Desde finales de septiembre de 2025, el Caribe se ha convertido en un escenario de máxima tensión geopolítica, marcado por un despliegue militar estadounidense sin precedentes y un pulso abierto con Venezuela.
El 24 de octubre, el Pentágono envió al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la flota estadounidense, junto a un grupo de ataque que incluye destructores, buques de asalto anfibios, aviones de combate F-35B, drones MQ-9 y bombarderos B-52, al área de responsabilidad del Comando Sur. Esta maniobra se suma a la presencia ya consolidada de buques, aviones y tropas en la región, incluyendo maniobras de desembarco de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines en Puerto Rico y ejercicios con fuego real en el Caribe.
Estados Unidos ha justificado esta acumulación masiva de fuerzas militares como parte de una campaña para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo, focalizando en grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, a los que vincula directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. En este marco, se han producido al menos 14 ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, con un saldo de 61 muertos, en operaciones que han sido presentadas por Washington como necesarias para proteger la seguridad nacional.
Sin embargo, el gobierno venezolano y sus aliados, como Rusia, han denunciado estas acciones como una escalada bélica injustificada y una violación flagrante del derecho internacional. La portavoz rusa Maria Zakharova calificó el uso de fuerza estadounidense en el Caribe como "excesivo" y reafirmó el apoyo de Moscú a la soberanía venezolana.Venezuela ha acusado a Estados Unidos de preparar una invasión o, al menos, un ataque directo contra su territorio y ha movilizado brigadas para responder a cualquier eventualidad.
Desde la perspectiva estadounidense, analistas como James Story, exembajador en Venezuela, sostienen que la fuerza desplegada "es demasiado grande y potente para ser sólo antinarcóticos" y que "algo" está siendo planeado, aunque los detalles permanecen en la sombra. El propio presidente Trump ha afirmado que "todas las opciones están sobre la mesa", incluyendo operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela y ataques a infraestructuras clave.
El despliegue incluye helicópteros de combate MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk operando cerca de la costa venezolana, así como el uso de buques especializados como el MV Ocean Trader, diseñado para apoyar misiones de fuerzas especiales. Estas acciones han sido interpretadas como una señal clara de presión militar y psicológica destinada a debilitar la lealtad del círculo íntimo de Maduro y fomentar posibles deserciones en las Fuerzas Armadas venezolanas.
La región no permanece ajena a esta escalada. Países vecinos como Colombia y Trinidad y Tobago enfrentan el impacto de flujos migratorios crecientes, tensiones diplomáticas y riesgos de desestabilización. El presidente colombiano Gustavo Petro ha condenado las acciones de Trump, calificándolas de agresivas y contraproducentes para la estabilidad regional.
Desde el punto de vista legal y humanitario, la campaña estadounidense ha generado críticas y cuestionamientos. Organizaciones internacionales y expertos en derecho han señalado la falta de transparencia y evidencia en los ataques contra embarcaciones, además de denunciar posibles ejecuciones extrajudiciales. La comunidad internacional permanece dividida entre quienes apoyan la presión a Maduro y quienes temen una escalada que desemboque en un conflicto abierto.
En el plano político interno de Estados Unidos, la estrategia de presión máxima ha sido objeto de debate. Mientras algunos sectores apoyan la línea dura contra Venezuela, otros, incluyendo algunos miembros del Congreso, cuestionan la legalidad y eficacia de las acciones militares y sanciones, alertando sobre el costo humanitario y el riesgo de un escenario de caos post-Maduro similar a Irak o Libia.
Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, señala que "la administración Trump busca infundir miedo en el círculo militar venezolano para provocar un cambio de régimen, pero la incertidumbre sobre las consecuencias es alta".
En este coliseo de tensiones, la narrativa dominante en Washington se confronta con la realidad compleja de un país con profundas divisiones internas, recursos naturales estratégicos y un entramado criminal-político difícil de desarticular. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que la apuesta estadounidense puede tener consecuencias impredecibles para la estabilidad de América Latina.
Conclusiones:
- El despliegue militar estadounidense en el Caribe representa una escalada significativa que va más allá de la lucha contra el narcotráfico, apuntando a un posible cambio de régimen en Venezuela.
- La tensión ha polarizado la región y la comunidad internacional, con voces que denuncian violaciones al derecho internacional y el riesgo de un conflicto abierto.
- La efectividad de la presión militar y las sanciones para provocar un cambio político en Venezuela sigue siendo incierta, mientras que las consecuencias humanitarias y geopolíticas se hacen cada vez más evidentes.
- La historia reciente indica que la resolución de este conflicto requerirá más que fuerza militar: un diálogo regional y una estrategia integral que contemple la complejidad social y política venezolana.
Este episodio marca un punto de inflexión en la política hemisférica, donde la fuerza bruta se enfrenta a la realidad de un país fracturado y una región que busca evitar una nueva crisis mayor.