Corte Suprema aprueba proyecto Las Salinas: un hito ambiental que divide a Viña del Mar
En un fallo definitivo que cierra más de dos décadas de disputas legales y sociales, la Corte Suprema ratificó el 23 de octubre de 2025 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto Las Salinas, impulsado por Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec. Esta decisión rechazó todos los recursos presentados contra la iniciativa y despejó la vía judicial para su ejecución, marcando un antes y un después en la gestión ambiental y urbana en Viña del Mar y Chile.
Un proyecto de saneamiento ambiental o un gigante inmobiliario
El debate en torno a Las Salinas no ha sido menor. Para sus defensores, se trata de un plan de descontaminación y recuperación de suelos con presencia de contaminantes, enfocado en la rehabilitación ambiental de un sector deteriorado. "Esta decisión contundente y unánime del máximo tribunal reafirma la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante más de 20 años", destacó la inmobiliaria en un comunicado posterior al fallo.
Sin embargo, para sectores críticos, encabezados por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, el proyecto representa una amenaza para la identidad y el paisaje urbano de la ciudad. Ripamonti ha sostenido que la iniciativa, aunque se presente como ambiental, tiene un carácter inmobiliario que podría alterar la dinámica local y favorecer intereses empresariales por sobre el bien común.
La ruta judicial y administrativa
El proyecto Las Salinas ha atravesado un complejo camino. Desde su inicio, hace más de 20 años, enfrentó reclamos, recursos judiciales y cuestionamientos técnicos. El Segundo Tribunal Ambiental fue clave en validar la RCA, pero los opositores recurrieron a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.
El máximo tribunal, sin embargo, estableció que las alegaciones no constituían defectos procesales o jurídicos, sino discrepancias con la valoración técnica y ambiental ya realizada. Además, enfatizó que Las Salinas no implica habilitar edificaciones sobre suelo contaminado, sino que se trata de un proyecto de saneamiento ambiental.
Voces en pugna: desarrollo y resistencia
Desde la perspectiva empresarial, el proyecto contempla una inversión total de aproximadamente 1.300 millones de dólares hasta 2040, con un enfoque en la recuperación ambiental, integración urbana y creación de espacios públicos. El gerente general de Copec, Arturo Natho, y su equipo han señalado que la burocracia y la falta de coordinación estatal han retrasado injustificadamente la ejecución, buscando ahora una mayor certeza regulatoria para avanzar.
En contraste, la alcaldesa Ripamonti y grupos ciudadanos han expresado preocupación por el impacto social y ambiental, cuestionando la transparencia y la verdadera naturaleza del proyecto. Para ellos, la decisión judicial no cierra el debate político ni social, y anticipan nuevas formas de resistencia y exigencias de participación ciudadana.
Más allá de Viña: un precedente para Chile
Este fallo tiene implicancias que trascienden la Región de Valparaíso. Chile enfrenta un desafío creciente en la gestión de más de mil sitios urbanos con potencial contaminación, y Las Salinas se presenta como una referencia técnica y jurídica para futuras iniciativas de saneamiento ambiental.
Expertos en derecho ambiental y urbanismo destacan que la resolución de la Corte Suprema entrega una ruta clara para abordar la remediación de suelos contaminados, equilibrando desarrollo y cuidado ambiental. Sin embargo, advierten que la implementación requerirá diálogo profundo con las comunidades y transparencia en la gestión pública y privada.
Constataciones y consecuencias
La Corte Suprema ha cerrado la vía judicial para impedir Las Salinas, pero el proyecto sigue siendo un terreno de disputa política y social en Viña del Mar. La tensión entre desarrollo económico, recuperación ambiental y protección del patrimonio urbano se mantiene vigente, reflejando las complejidades de un Chile que busca modernizarse sin perder sus raíces.
Además, la resolución establece un precedente legal que podría facilitar la ejecución de proyectos similares en otras ciudades, siempre que se respeten las normativas ambientales y el diálogo con la ciudadanía.
En definitiva, el caso Las Salinas pone en escena un choque de voluntades y visiones donde la técnica y el derecho se enfrentan a las emociones y demandas sociales, dejando al lector como espectador de una tragedia urbana que aún no termina, pero que abre la puerta a una nueva forma de entender la sostenibilidad y el desarrollo en Chile.