Nuevo Código de Ética Judicial: un avance necesario que no resuelve la crisis de confianza
En medio de una crisis prolongada que ha sacudido los cimientos del Poder Judicial chileno, el pasado 6 de noviembre se oficializó el nuevo Código de Ética para la magistratura, que entrará en vigencia en junio de 2026. Este hito, largamente esperado, llega más de dos años después de que la Corte Suprema iniciara el proceso para dotar a los jueces de un marco normativo ético que hasta ahora no existía en Chile.
Pero, ¿qué implica este avance y qué desafíos persisten? El Código, elaborado bajo la dirección de la ministra Adelita Ravanales y aprobado tras intensas jornadas de reflexión en octubre, se presenta como un instrumento de carácter consultivo y orientador, no sancionatorio. No contempla sanciones disciplinarias ni procesos punitivos, sino que busca fomentar la reflexión interna de los jueces sobre su conducta.
Un Consejo Ético que guía, sin castigar
El Código crea un Consejo Ético integrado por magistrados de distintos niveles y un experto externo en ética o filosofía aplicada. Este órgano no recibirá denuncias ni investigará casos, sino que responderá consultas de jueces sobre dilemas éticos y emitirá dictámenes públicos que marcarán pautas de conducta aceptable.
“La ética es una invitación a cambiar conductas desde nuestro interior, no desde la sanción exterior,” explicó la ministra Ravanales, sintetizando la filosofía que guía este cuerpo. La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, agregó que el Código busca ser una “guía y hoja de ruta” para consolidar una cultura ética en la judicatura.
Voces enfrentadas: ¿suficiente o insuficiente?
Este enfoque ha generado opiniones encontradas. Algunos sectores judiciales y expertos valoran positivamente la iniciativa como un primer paso que establece principios claros y responde a la complejidad de la función judicial en la era tecnológica, incluyendo aspectos como el uso de inteligencia artificial y redes sociales.
Sin embargo, críticos sostienen que el Código es insuficiente frente a la gravedad de los casos que han minado la confianza ciudadana, como la destitución y acusaciones constitucionales que han afectado a ministros emblemáticos. “Es un avance, pero no aborda el aspecto disciplinario ni sancionatorio, lo que es fundamental para restaurar la credibilidad,” señala un académico en derecho constitucional consultado.
La confianza ciudadana en mínimos históricos
La necesidad de este Código no surge en el vacío. Encuestas recientes, como la CEP, reflejan que solo un 14% de la población confía mucho o bastante en los tribunales. Esta desconfianza se ha profundizado tras escándalos que revelaron vínculos cuestionables entre jueces y actores políticos, y que pusieron en jaque la percepción pública sobre la independencia y probidad judicial.
Contexto histórico y futuro estratégico
El Código de Ética se inscribe en un proceso más amplio de reformas al Poder Judicial, que incluyen cambios en la gobernanza, transparencia en los nombramientos y actualización normativa, como la Ley Karin. La planificación estratégica 2026-2030, que también se está definiendo, busca mejorar la calidad, oportunidad y cercanía del servicio judicial.
Constataciones finales
Este nuevo Código representa un paso sin precedentes para la institucionalidad judicial chilena, marcando un cambio cultural hacia la autorregulación ética. Sin embargo, su carácter no sancionatorio evidencia la tensión entre la aspiración a una justicia transparente y la resistencia a mecanismos punitivos internos.
La tragedia está en la desconfianza ciudadana que permanece y en la urgencia de medidas que no solo orienten, sino que también sancionen. La apuesta ahora es que la reflexión ética se traduzca en transformaciones concretas que restauren el prestigio de un pilar fundamental del Estado de Derecho.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera entre octubre y noviembre de 2025, análisis de expertos en derecho y sociología, y datos de encuestas CEP sobre confianza en instituciones judiciales.