La acusación constitucional a Pardow: un pulso político que expone grietas en la izquierda chilena
El episodio de la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, ha dejado al descubierto un escenario político marcado por la tensión y la incertidumbre dentro de la izquierda chilena. El proceso se inició a raíz de los polémicos sobrecobros en las cuentas de la luz, que indignaron a la ciudadanía y desencadenaron una ofensiva parlamentaria contra Pardow. Sin embargo, a más de dos semanas desde la presentación, la reacción al interior del oficialismo revela un complejo juego de intereses y visiones contrapuestas.
Un dilema público y privado
La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, protagonizó un momento definitorio con sus declaraciones ambiguas. Por un lado, reconoció que la gravedad del caso amerita "cualquier tipo de opción" para sancionar a Pardow, lo que fue interpretado como una apertura para apoyar la acusación. Por otro, calificó como "poco serio" tramitar el libelo a pocos días de las elecciones parlamentarias, sugiriendo que la medida podría ser contraproducente para el electorado.
"La situación es tan grave como para tomar cualquier tipo de opción, pero presentar la acusación a días de la elección no soluciona el problema de fondo", afirmó Jara, dejando en evidencia su intento por equilibrar la fiscalización con la estrategia electoral.
El choque de voces en el Frente Amplio
La ambivalencia de Jara encendió críticas internas. El jefe de bancada del Frente Amplio, diputado Jaime Sáez, urgió a concentrar esfuerzos en la campaña y evitar que la acusación desvíe el foco político. Esta postura refleja el temor de que el proceso judicial se transforme en un arma de desgaste electoral más que en una herramienta de justicia.
En contraste, el diputado DC Eric Aedo, miembro también del comando de Jara, defendió con vehemencia la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, sin importar el calendario electoral. "El momento para ejercer estas facultades es siempre oportuno", recordó, evocando el precedente de 2021 cuando la oposición presentó un juicio político contra el expresidente Sebastián Piñera en plena campaña.
La posición del Gobierno: respaldo y pragmatismo
Desde La Moneda, la definición ha sido clara: apoyar a Pardow. Fuentes oficiales confirmaron que se han realizado gestiones para alinear a los partidos del oficialismo en defensa del exministro, siguiendo la lógica de proteger a figuras clave frente a acusaciones que consideran motivadas por intereses políticos.
Este respaldo gubernamental se interpreta como una señal de pragmatismo político, pero también ha generado malestar en sectores que reclaman mayor transparencia y sanciones ejemplares frente a irregularidades en servicios básicos.
Consecuencias y reflexiones finales
A casi un mes del inicio del proceso, la acusación constitucional a Pardow es más que un caso judicial: es un espejo que refleja las tensiones internas del bloque oficialista y las dificultades para conjugar fiscalización con estrategia electoral. La ambigüedad de la candidata Jara, el enfrentamiento entre posturas más pragmáticas y otras más rigurosas, y el apoyo explícito del Gobierno configuran un escenario de disonancia cognitiva que obliga a repensar los límites entre política y justicia.
Para la ciudadanía, esta disputa expone la complejidad de un sistema político donde las responsabilidades públicas se entrecruzan con cálculos electorales, y donde la transparencia y la rendición de cuentas deben abrirse paso en medio de la pugna por el poder.
En definitiva, el caso Pardow no solo pone en jaque a una figura política, sino que invita a un debate profundo sobre el rol de la fiscalización en tiempos de alta polarización y campañas electorales intensas.