Cobro excesivo en electricidad: ¿Quién realmente pagó y qué significa para Chile?: La disputa entre autoridades y consultoras revela grietas en la transparencia tarifaria

Un error de US$115 millones en el cobro de tarifas eléctricas ha desatado un enfrentamiento que va más allá de las cifras y toca fibras sensibles en la confianza pública y la transparencia del sistema energético chileno. El 14 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Energía (CNE) corrigió su Informe Técnico Preliminar (ITP) y detectó un doble cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que generó un sobrecosto para los consumidores. Pero la controversia no se detuvo ahí: ¿quién pagó realmente este exceso?

Desde el ministerio de Energía, el biministro Álvaro García aseguró que "las personas sí pagaron" y que las empresas cuentan con esos recursos, por lo que se comprometió a devolverlos a partir de enero de 2026. "Aquí lo concreto es que las empresas han captado US$115 millones de las personas en exceso, por lo tanto, las personas sí pagaron y las empresas sí lo tienen, y eso es justamente lo que queremos devolver", afirmó García en radio Pauta.

Sin embargo, la consultora Valgesta Nueva Energía, autora de un estudio que ha alimentado el debate, sostiene lo contrario. Según su análisis, solo US$2 millones han sido efectivamente pagados por los clientes finales, mientras que el resto corresponde a "documentos de pago" emitidos por el Fisco y vendidos a bancos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Las empresas generadoras vendieron estos ‘documentos de pago’ a bancos internacionales... Este dinero lo recibieron de los bancos, no de los consumidores", reiteró Ramón Galaz, socio y autor del estudio. Esto implica que el grueso del sobrecosto se trasladará a los usuarios recién en 2028, cuando se empiecen a cobrar estos instrumentos.

Multiplicidad de voces y tensiones políticas

La discrepancia entre la autoridad y la consultora no es solo técnica, sino también política. La salida del exministro de Energía Diego Pardow y del exsecretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, fue precipitada por este error, lo que añade un tinte de responsabilidad política al asunto.

Desde el sector privado, las generadoras han mostrado voluntad para colaborar, pero también han pedido tiempo para revisar el informe y presentar observaciones, extendiendo el plazo hasta el 24 de octubre. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, señaló que buscan que "las correcciones se reflejen en las boletas a partir de enero de 2026" y que el proceso se desarrolle con "alto rigor técnico".

En tanto, la CNE ha mantenido una postura oficial de que el sobrecosto será devuelto a los consumidores, estimando una reducción cercana al 2% en las cuentas de electricidad desde enero próximo.

Contexto y consecuencias visibles

Este episodio no solo pone en evidencia una falla técnica en la fijación tarifaria, sino que desnuda la complejidad del sistema tarifario chileno, donde la interacción entre reguladores, empresas, instrumentos financieros y consumidores finales puede generar opacidad y desconfianza.

El sistema de "documentos de pago" —instrumentos financieros emitidos por el Estado y vendidos a bancos— funciona como un adelanto de flujos futuros, pero su uso en este contexto ha generado confusión sobre quién asume el costo y cuándo.

Para el consumidor chileno, la incertidumbre sobre si ya pagó o si pagará en el futuro un monto erróneo alimenta la sensación de falta de transparencia y puede impactar en la percepción del mercado eléctrico, un sector clave para la economía y el bienestar social.

Perspectivas divergentes

- Desde el gobierno y la CNE, se insiste en que el dinero fue cobrado y que será devuelto, apuntando a una responsabilidad clara de las empresas y una solución pronta.

- Desde la consultora Valgesta y algunos analistas técnicos, se advierte que el cobro efectivo a los clientes no se ha producido y que el problema radica en la forma en que se contabilizan estos instrumentos financieros, lo que podría trasladar el costo a futuro y generar una deuda encubierta.

- Las generadoras, mientras tanto, buscan colaborar pero también proteger sus derechos y flujos financieros, lo que añade una capa de negociación y complejidad.

Constataciones finales

Este caso muestra cómo errores técnicos en sistemas regulados pueden escalar rápidamente a conflictos políticos y sociales, especialmente en sectores sensibles como la electricidad. El doble cobro del IPC por US$115 millones no solo representa un error contable, sino un desafío para la transparencia y la confianza en las instituciones que regulan servicios esenciales.

La verdad incontrovertible es que la ciudadanía exige claridad: saber cuánto pagó, cuánto debe pagar, y cuándo se corregirán las distorsiones. La respuesta no es sencilla, pues involucra complejos instrumentos financieros y decisiones políticas que deben equilibrar intereses diversos.

En definitiva, esta controversia invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de sistemas tarifarios más claros, una regulación más transparente y mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan a Chile avanzar hacia una energía confiable, justa y socialmente aceptable.