Embargo a Municipalidad de Santiago por incumplimiento en compra de exclínica Sierra Bella: Una batalla legal que expone tensiones entre gestión y patrimonio público

La Municipalidad de Santiago enfrenta un duro revés judicial tras la orden de embargo de sus bienes por parte del 20º Juzgado Civil de Santiago, a raíz del incumplimiento en el pago de la compra de la exclínica Sierra Bella. El embargo fue decretado el 22 de octubre de 2025, luego de que la inmobiliaria San Valentino SpA, vendedora del inmueble, demandara por el impago de las tres cuotas convenidas, que suman más de 234 mil Unidades de Fomento, equivalentes a más de $8.200 millones. Este fallo judicial revela un choque frontal entre la administración actual y la anterior, y abre un capítulo complejo en la gestión del patrimonio municipal y la responsabilidad política.

Origen y evolución del conflicto

La compra se firmó en enero de 2023, durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), con el objetivo declarado de transformar la exclínica en la primera clínica municipal de Santiago. El contrato estableció un pago en tres cuotas, con un vale vista inicial por un tercio del monto total, retenido en la notaría hasta que se inscribiera la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.

Sin embargo, la administración de Mario Desbordes (RN), asumida en 2024, cuestionó el precio y la validez de la operación, calificándola de "sobrevalorada" y "lesiva para el patrimonio municipal". Desbordes afirmó: "No vamos a pagar $8 mil millones porque no los vale. El precio que se está cobrando es un precio que está absolutamente abultado".

En paralelo, la Municipalidad impulsó recursos judiciales para anular el contrato y detener la inscripción del inmueble, mientras la inmobiliaria San Valentino insistía en la ejecución del pago, apoyada en la validez formal del contrato y la inscripción ya concretada en septiembre de 2025, tras una orden judicial que obligó al Conservador a inscribir la propiedad a nombre del municipio.

Diversas perspectivas en el conflicto

- Administración Desbordes: Argumenta que la compra fue un error de la gestión anterior y que el precio pagado no corresponde al valor real del inmueble, estimado en tasaciones oficiales en torno a los $2.000 millones. Insiste en que se deben agotar todas las vías legales para anular la operación y proteger las finanzas municipales.

- Exalcaldesa Irací Hassler y su equipo: Defendieron la compra como una inversión estratégica para la salud pública local y rechazaron las acusaciones de irregularidades. La exjefa comunal fue sobreseída en la investigación penal relacionada, aunque el caso sigue abierto en la esfera civil.

- Inmobiliaria San Valentino: Sostiene que la compraventa es válida y legítima, respaldada por la justicia civil y la inscripción de la propiedad. Acusan a la Municipalidad de maniobras dilatorias y advierten que el incumplimiento genera intereses moratorios que agravan la deuda.

- Banco Santander: Reveló que la orden de no pago del vale vista fue instruida por la Municipalidad, no por el banco, y justificó su reticencia en supuestas irregularidades en el endoso del documento, aunque expertos legales advierten que el banco podría haber excedido sus facultades al no pagar el vale vista.

Consecuencias visibles y lecciones aprendidas

Este episodio expone la tensión entre la gestión política, la administración pública y el respeto a los compromisos contractuales. El embargo ordenado pone en riesgo la liquidez y la operatividad financiera de la Municipalidad de Santiago, además de afectar la confianza ciudadana en la gestión del patrimonio público.

Asimismo, la disputa deja en evidencia la complejidad de las compras públicas de alto valor, donde la falta de claridad, la politización y la judicialización pueden generar meses o años de litigios que retrasan proyectos y elevan costos.

Finalmente, la historia confirma que, aunque la investigación penal concluyó sin sanciones, la vía civil y administrativa mantiene abierta la pugna, con consecuencias económicas y políticas que aún están por definirse. La Municipalidad deberá decidir si finalmente asume la deuda y avanza en el proyecto sanitario o continúa la disputa judicial, con el costo que ello implica.

Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de mayor transparencia, control y planificación en la gestión pública, para evitar que decisiones estratégicas se conviertan en fuentes de conflicto y desgaste institucional.

---

Fuentes consultadas incluyen sentencias del 20º Juzgado Civil de Santiago, declaraciones oficiales de la Municipalidad de Santiago, comunicados de la Inmobiliaria San Valentino, informes del Banco Santander, y reportajes de La Tercera y Radio Bío Bío.