Triple homicidio en La Reina: La defensa desafía la versión oficial mientras la investigación se enreda

El caso del triple homicidio ocurrido en La Reina el pasado mes de octubre, que dejó como víctimas a Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes, continúa desplegando su drama judicial y social con un nuevo capítulo que tensiona aún más el escenario. A una semana de la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez, principal imputado, la defensa legal ha solicitado al Ministerio Público la realización de pruebas adicionales que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

El abogado Marcelo Castillo, representante de Ugalde, ha puesto el foco en una manta blanca con manchas rojizas y cafés ubicada en el dormitorio de su cliente, que hasta ahora no habría sido periciada ni considerada como evidencia criminalística. Según el defensor, estas manchas podrían pertenecer al perro del imputado y no a las víctimas, lo que abriría una línea alternativa de investigación y pondría en duda la acusación directa contra su defendido. Además, la defensa ha solicitado indagar posibles seguros asociados a la víctima, buscando entender si existen motivaciones económicas detrás del crimen.

Por su parte, las autoridades mantienen una postura firme y respaldada por un trabajo multidisciplinario. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que la investigación cuenta con motivaciones claras y definidas, fundamentadas en un cruce exhaustivo de evidencias biológicas, genéticas y análisis en el sitio del suceso. Cerna destacó la labor de la Brigada de Homicidios y el Ministerio Público, que han logrado generar nuevas aristas en la pesquisa, aunque por razones legales no han revelado detalles específicos antes de la formalización.

Este enfrentamiento entre la defensa y la fiscalía pone en el centro del debate la calidad y profundidad del trabajo investigativo en casos de alta complejidad y la necesidad de garantías procesales para el imputado. Mientras algunos sectores políticos y expertos en justicia enfatizan la importancia de respetar la presunción de inocencia y el derecho a una defensa robusta, otros ciudadanos y organizaciones reclaman mayor transparencia y celeridad para evitar impunidad y dar respuesta a una sociedad que demanda seguridad.

En el trasfondo, la campaña nacional "Denuncia seguro, tu llamado es clave" cobra relevancia, ya que busca incentivar la colaboración ciudadana anónima para fortalecer las investigaciones y prevenir delitos. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la subsecretaria Carolina Leitao insisten en que la información oportuna y confiable es fundamental para desarticular redes criminales y reducir la impunidad.

Este caso, que ha conmocionado a La Reina y al país, expone las tensiones entre la búsqueda de justicia, la protección de derechos individuales y la gestión estatal en materia de seguridad. La defensa insiste en que las nuevas diligencias solicitadas podrían revelar verdades ocultas, mientras el Ministerio Público confía en que la evidencia acumulada sostendrá la acusación.

“Estas diligencias tienen por objeto que se investigue con mayor acuciosidad líneas alternativas a la de la fiscalía y que exculpan a mi defendido”, afirmó el abogado Marcelo Castillo. Por su parte, el director de la PDI subrayó: “Tiene motivaciones bien claras, definidas pero le pido que me permita no poder exponerlo ya que en unas horas más en la audiencia de formalización lo van a exponer en detalle el fiscal”.

En conclusión, los hechos conocidos hasta ahora permiten constatar que el proceso judicial está lejos de cerrarse y que la disputa entre las partes no solo revela una pugna legal, sino también un choque de narrativas que impacta en la percepción social sobre la justicia y la seguridad. La insistencia de la defensa en nuevas pruebas y la firmeza de la fiscalía en sus evidencias plantean un escenario en el que la verdad judicial se construye en la arena pública y técnica, con consecuencias directas para las víctimas, el imputado y la sociedad chilena.