Prisión preventiva tras fatal colisión escolar en Recoleta: un país dividido frente a la tragedia
El 20 de octubre de 2025, un accidente en la comuna de Recoleta sacudió a Chile: un vehículo en fuga impactó violentamente contra un furgón escolar, dejando un niño de 10 años muerto y varios menores heridos. El menor, Esteban Hermosilla, alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, falleció tras el volcamiento del transporte. Los responsables, Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), fueron formalizados por homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo.
Desde entonces, el caso ha evolucionado con una mezcla de conmoción, violencia y debate público. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva en el penal Santiago 1, pero fueron víctimas de agresiones por parte de otros internos, quienes los amenazaron y lanzaron artefactos incendiarios contra su celda. Este episodio refleja la carga simbólica que el caso ha adquirido dentro y fuera de los muros penitenciarios, un microcosmos de la ira social y la búsqueda de justicia.
Perspectivas en pugna
Desde el ámbito judicial, la Fiscalía Centro Norte y el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago han sostenido la aplicación del concepto de dolo eventual, argumentando que los imputados pudieron prever la posibilidad de causar muertes o lesiones graves al conducir bajo los efectos de drogas y a alta velocidad. Esta postura ha sido respaldada por sectores políticos que exigen mano dura y justicia ejemplar.
Sin embargo, voces críticas desde organizaciones de derechos humanos y expertos en sistema penal advierten que el caso ha sido instrumentalizado para reforzar narrativas punitivistas, sin abordar las raíces sociales que incubaron esta tragedia. “La violencia no se resuelve solo con castigos más severos, sino con políticas integrales que prevengan la exclusión y la marginalidad”, señala un académico en criminología de la Universidad de Chile.
En el plano social, la tragedia ha polarizado a la opinión pública. Por un lado, hay un clamor unánime de justicia para Esteban y las víctimas; por otro, se observa un debate en torno a la responsabilidad del Estado en la prevención del delito y la reinserción de personas con antecedentes penales, como los imputados, que acumulaban cerca de 20 detenciones previas por robos, porte de armas y microtráfico.
La comunidad educativa ha recibido apoyo psicosocial del Ministerio de Educación, que ha desplegado equipos para contener el impacto emocional en estudiantes, profesores y familias. Sin embargo, la sombra de la violencia urbana y la inseguridad sigue siendo un tema recurrente en las agendas locales y nacionales.
El desafío del sistema penal y la sociedad chilena
Este caso desnuda tensiones profundas: la fragilidad de la seguridad ciudadana, la sobrepoblación y violencia en las cárceles, y la dificultad de equilibrar justicia, prevención y derechos humanos.
El intento de agresión contra los imputados en prisión pone en evidencia la falta de garantías para su integridad física, a pesar de las medidas especiales que se adoptaron. Además, refleja cómo la opinión pública y los propios internos reproducen un juicio social paralelo, donde la condena es inmediata y visceral.
En términos judiciales, el proceso seguirá su curso durante los próximos 100 días de investigación, período en que se espera esclarecer todos los detalles y posibles responsabilidades adicionales.
Finalmente, este episodio obliga a mirar más allá del accidente fatal y a preguntarse por las condiciones que permiten que jóvenes con antecedentes penales reincidan en delitos graves, y cómo la sociedad chilena puede construir respuestas que no solo castiguen, sino que también prevengan y reparen.
En suma, la tragedia de Recoleta es un espejo donde se reflejan las heridas abiertas de la violencia urbana, la fragilidad del sistema penal y las demandas contradictorias de una sociedad que busca justicia, seguridad y humanidad.
Fuentes consultadas: Fiscalía Centro Norte, Poder Judicial, Carabineros de Chile, Ministerio de Educación, expertos en criminología y derechos humanos.