México enfrenta la encrucijada tecnológica y de seguridad: ¿puede la educación en IA y la ley contra la extorsión cambiar el rumbo?

Un choque de desafíos y esperanzas se despliega en México en estos últimos meses de 2025. Mientras el Gobierno federal presenta el ambicioso Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) que promete capacitar a 25,000 personas anuales y posicionarse como la escuela pública más grande del continente, también enfrenta un recrudecimiento de la extorsión, un delito que se cobra miles de víctimas y que ha llevado a la propuesta de una ley federal para combatirlo con mayor rigor.

El 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum anunció la apertura de este centro, que contará con programas en IA, análisis de datos, ciberseguridad y programación, con apoyo de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Meta. La iniciativa busca no solo formar talento sino también cerrar la brecha laboral que aqueja al sector tecnológico en México, donde el 77% de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles especializados.'Es un esfuerzo realmente enorme; no hay algo similar en el continente y, me atrevo a decir, en el mundo', afirmó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Sin embargo, esta apuesta por la innovación tecnológica se da en un contexto de crecientes tensiones comerciales y políticas. En la cumbre de APEC en Corea del Sur, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, promovió la inversión asiática en el sector tecnológico mexicano, mientras el Gobierno mantiene una política proteccionista con posibles aranceles a productos de países como China, India y Corea del Sur.Ebrard sostuvo reuniones con sus homólogos asiáticos y con representantes de Estados Unidos para equilibrar las relaciones comerciales y fortalecer el nearshoring y la manufactura avanzada.

Paralelamente, la violencia y la inseguridad golpean a la sociedad mexicana. La extorsión, un delito que afecta a más de 10,800 víctimas registradas en 2024, sigue siendo un fantasma que paraliza a la población. La desconfianza en las instituciones hace que el 96.7% de los casos no se denuncien.'La iniciativa busca otorgar herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan eficazmente la extorsión y protejan a las víctimas', señala el boletín oficial de la Cámara de Diputados.

La propuesta de ley, enviada por la Presidencia a la Cámara de Diputados el 21 de octubre, plantea penas de seis a quince años de prisión, multas significativas y la posibilidad de denuncias anónimas. Además, busca impedir beneficios preliberacionales para sentenciados por extorsión salvo que colaboren con las autoridades.

Este proyecto también reconoce la sofisticación del delito, que ahora utiliza tecnologías para evitar el contacto directo con las víctimas, y propone sanciones para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en cárceles para cometer extorsiones.

Diferentes voces en el debate muestran la complejidad del momento. Desde el sector empresarial tecnológico se celebra la escuela pública de IA como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y la innovación, mientras que organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad advierten que sin un combate efectivo a la violencia y la corrupción, el progreso será limitado.

En lo político, la administración de Sheinbaum busca equilibrar la apertura tecnológica con políticas proteccionistas que han generado tensiones con socios comerciales asiáticos, que a su vez ven en México un destino atractivo para la inversión tecnológica.

Un analista en seguridad consultado por este medio señala: 'La ley contra la extorsión es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañada de reformas profundas en el sistema judicial y policial'.

Conclusiones visibles: México se encuentra en una encrucijada. La apuesta por la educación tecnológica y la innovación puede ser un motor para la prosperidad compartida, pero la persistente inseguridad y la violencia, reflejadas en la extensión de la extorsión, amenazan con socavar estos avances. La nueva ley federal representa un intento de respuesta estructurada, pero su éxito dependerá de la capacidad real del Estado para implementar y hacer cumplir las normas, así como de la confianza que logre reconstruir en la ciudadanía.

La relación con Asia, entre la búsqueda de inversión y la amenaza de aranceles, añade un elemento de incertidumbre al escenario económico.

En suma, México se debate entre su potencial como actor tecnológico emergente y las sombras que proyectan sus problemas de seguridad y política comercial. El tiempo y la ejecución serán los verdaderos jueces de esta compleja trama.