
Bolivia se enfrenta a un momento decisivo, donde la esperanza y la tragedia institucional se entrelazan en un escenario complejo. El pasado 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia tras una elección que puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su llegada marca un cambio político y económico, pero también expone las profundas grietas de un sistema judicial debilitado y una economía al borde del colapso.
Bolivia ostenta uno de los sistemas judiciales más débiles y menos independientes de América Latina, según el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que ubicó al país en el puesto 131 de 143. Esta realidad no es nueva, pero ha persistido y se ha agravado bajo los sucesivos gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, quienes usaron la justicia para perseguir opositores y mantener el control político.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que “la independencia judicial es la piedra angular para la estabilidad democrática, y Bolivia aún no ha logrado construirla”. La Constitución de 2009, que estableció la elección popular de jueces, resultó en una cooptación del sistema por parte del MAS, con magistrados que se autoprolongaron en sus cargos y procesos de nombramiento cuestionados.
Rodrigo Paz ha prometido una reforma judicial profunda, con un comité de selección basado en el mérito y el fin de interferencias políticas. Sin embargo, expertos advierten que sin una reforma constitucional integral, las resistencias internas y el legado de desconfianza serán difíciles de superar.
La economía boliviana sufrió una contracción del -2,4% en el primer semestre de 2025, la primera en casi 50 años, con una inflación acumulada del 18,33% a septiembre y una deuda externa que supera los 13.700 millones de dólares. La escasez de dólares y la crisis de combustibles han golpeado duramente a la población y al aparato productivo.
Rodrigo Paz propone un modelo económico denominado “50/50”, que busca descentralizar el manejo de recursos públicos entre el Estado central, gobiernos locales y universidades, intentando corregir la concentración del 80% de los recursos en manos del poder central. Además, plantea liberar exportaciones, reformar el sistema tributario y fomentar un “capitalismo para todos” mediante créditos baratos y reducción de aranceles.
El apoyo internacional ha sido un pilar clave desde la elección. Nueve países liderados por Estados Unidos, incluyendo a Argentina, Costa Rica y Paraguay, han ofrecido respaldo para estabilizar la economía y fortalecer las instituciones democráticas. Paz también ha retomado relaciones diplomáticas con Estados Unidos y busca abrir un diálogo renovado con Chile, lo que podría abrir nuevas vías de cooperación y comercio.
Desde la centroizquierda y sectores empresariales, se valora la llegada de Paz como una oportunidad para estabilizar y modernizar Bolivia. “Su enfoque pragmático y apertura al diálogo son un respiro después de años de polarización”, comenta un analista económico en La Paz.
No obstante, sectores sociales y movimientos indígenas expresan preocupación por un posible retroceso en los derechos sociales y la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos como el litio. Una líder indígena de Cochabamba advierte: “No podemos permitir que el nuevo modelo económico deje fuera a quienes más sufren”.
En el ámbito judicial, la oposición y organizaciones civiles insisten en que las promesas de reforma deben traducirse en acciones concretas y mecanismos de control efectivos para evitar la repetición de prácticas clientelistas y corruptas.
La Bolivia de 2025 es un país encrucijada, con un gobierno que hereda una economía frágil y un sistema judicial en crisis profunda. La promesa de Rodrigo Paz de construir un Estado más descentralizado, transparente y abierto a la cooperación internacional abre una ventana de oportunidad.
Sin embargo, la historia reciente advierte que sin reformas estructurales profundas, especialmente en la justicia, y sin un equilibrio cuidadoso entre crecimiento económico y justicia social, la estabilidad seguirá siendo esquiva.
Este es un momento de tensión y esperanza, donde el futuro de Bolivia dependerá de la capacidad de sus líderes para enfrentar sus demonios internos y de la sociedad para exigir un camino que no repita los errores del pasado.
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