Acusación constitucional contra Diego Pardow: el pulso político que no termina tras su renuncia
El episodio que comenzó con un error en el cobro de las cuentas de la luz y la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow, ha trascendido el mero hecho administrativo para convertirse en un verdadero desafío político y social. El 21 de octubre de 2025, Pardow presentó su renuncia en medio de la creciente presión por los cobros indebidos que afectaron a millones de hogares chilenos. Sin embargo, lejos de zanjar el asunto, la acusación constitucional contra él resurgió con fuerza, evidenciando las profundas fracturas y tensiones en el escenario político nacional.
El escenario político: una oposición en busca de unidad
Desde la oposición, especialmente desde Renovación Nacional (RN), se ha levantado un discurso firme que apunta a que la renuncia no borra la responsabilidad política ni técnica. El diputado Frank Sauerbaum señaló que "se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible acusación constitucional en contra del exministro Pardow". La bancada evalúa la presentación formal del mecanismo fiscalizador, argumentando que hubo un intento evidente de ocultar información y una falta de acción gubernamental para devolver cerca de US$150 millones que Transelec ofreció restituir.
Este movimiento opositor, que representa un raro momento de unidad en vísperas de la presidencial, refleja la determinación por convertir un error técnico en un símbolo de la falta de transparencia y gestión del actual gobierno.
Oficialismo: entre el cierre del debate y la cautela prudente
En contraste, el oficialismo muestra una postura más dividida. Por un lado, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) ha intentado cerrar el capítulo, recordando que tanto Pardow como el encargado de la Comisión Nacional de Energía fueron cesados, y que ahora la prioridad es la restitución rápida y transparente a los usuarios afectados. "Se han ejercido todas las responsabilidades políticas que cabían", afirmó Lagos Weber.
No obstante, voces como la del diputado independiente PPD Cristián Tapia llaman a no apresurar conclusiones. Para él, es necesario primero esclarecer el monto exacto del cobro excesivo, cuándo se devolverá el dinero y luego buscar responsabilidades técnicas y políticas. Desde la Democracia Cristiana, el diputado falangista sostiene que la situación amerita avanzar en la acusación constitucional, dado que habría habido conocimiento previo y omisión de acción por parte del exministro.
Voces ciudadanas y el impacto social
Más allá del juego político, el episodio ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía. Millones de hogares vieron afectado su bolsillo, y la percepción generalizada es que el Estado y las empresas involucradas no actuaron con la diligencia necesaria. La demanda de transparencia y responsabilidad política se entrelaza con el reclamo por una reparación efectiva y oportuna.
Constataciones finales
Este caso pone en evidencia varias verdades incómodas para el sistema político chileno. Primero, que la renuncia de un ministro no es un escudo automático contra la rendición de cuentas. Segundo, que la politización de errores técnicos puede ser un arma de doble filo, capaz de unir a la oposición pero también de profundizar la fragmentación política y social. Y tercero, que la confianza pública, una vez erosionada, exige más que gestos: requiere transparencia, acciones claras y reparaciones tangibles.
El pulso entre oposición y oficialismo en torno a la acusación constitucional contra Pardow no solo es un capítulo más en la crisis política, sino un espejo donde se reflejan las tensiones de una democracia que busca equilibrar responsabilidad, justicia y gobernabilidad.
Fuentes: Diario Financiero, declaraciones de diputados y senadores, análisis político nacional.