Acusación constitucional contra Diego Pardow: un debate que sacude la política y la confianza ciudadana
En las últimas semanas, la figura del exministro de Energía Diego Pardow ha sido el epicentro de un intenso debate político que trasciende el episodio puntual de los cobros excesivos en las cuentas eléctricas. El detonante fue el error tarifario detectado en la empresa transmisora Transelec, que implicó cobros adicionales por más de 100 millones de dólares a los usuarios. Sin embargo, lo que ha acaparado la atención es el silencio y la falta de transparencia que Pardow mantuvo frente a esta situación durante más de un año, generando una ola de cuestionamientos y la eventual presentación de una acusación constitucional en su contra.
El origen del conflicto: más allá de las tarifas
En octubre de 2025, se conoció que Transelec había sobrevalorado su capital propio, lo que derivó en cobros indebidos a los clientes. Según el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara y una voz clave en el proceso, el exministro no solo no informó oportunamente a la ciudadanía ni al Parlamento, sino que tampoco entregó una explicación razonable sobre su silencio.“Mientras no haya una explicación razonable de ese silencio, yo voy a votar favorablemente a esa acusación constitucional”, afirmó Aedo en diversas entrevistas públicas, enfatizando que la falta de transparencia dañó la fe pública y terminó afectando a los consumidores.
Pluralidad de perspectivas: un choque de interpretaciones
La polémica ha puesto en evidencia las distintas miradas que conviven en el espectro político y social chileno. Por un lado, sectores de la oposición, liderados por Renovación Nacional y con el apoyo de parlamentarios independientes, ven en la acusación una herramienta legítima para exigir responsabilidades políticas claras y restaurar la confianza en la gestión pública.
Por otro lado, algunos actores del oficialismo y analistas advierten sobre los riesgos de judicializar la política en exceso, advirtiendo que la acusación podría tener un carácter más simbólico que efectivo, y que la complejidad técnica del caso requiere un análisis más profundo y menos instrumentalización electoral.“Es necesario distinguir entre errores administrativos y responsabilidades políticas que ameriten un juicio constitucional”, señala un académico experto en derecho público consultado para este análisis.
Impacto regional y social: la factura que paga la ciudadanía
Más allá del debate político, el episodio ha tenido un efecto tangible en la percepción ciudadana sobre el sistema energético y la capacidad del Estado para proteger sus intereses. En regiones con mayores dificultades económicas, la sobrecarga en las cuentas de luz ha profundizado las desigualdades y generado protestas y reclamos que aún persisten.
Organizaciones sociales y consumidores han denunciado que la falta de información clara y oportuna les impidió tomar decisiones informadas y que la demora en la solución del problema ha erosionado la confianza en las instituciones.
Conclusiones: verdades y consecuencias
La acusación constitucional contra Diego Pardow refleja una crisis de confianza que va más allá de un error tarifario: es una disputa por la transparencia, la responsabilidad política y la protección ciudadana. La mayoría parlamentaria que hoy apoya la acusación indica un cambio en el equilibrio de fuerzas, donde la exigencia de rendición de cuentas se vuelve ineludible.
No obstante, esta historia también deja en evidencia la complejidad del entramado institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y comunicación entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.
En definitiva, la tragedia política de Pardow es un espejo de las tensiones que atraviesan la democracia chilena en su intento por equilibrar eficiencia, justicia social y gobernabilidad en un sector estratégico como la energía.