El Proyecto Bus de la Justicia cumple una década: ¿un puente efectivo entre tribunales y ciudadanía?

Una década rodando por Chile

El 11 de noviembre de 2015, el Poder Judicial lanzó una iniciativa inédita en la región: el Bus de la Justicia, un vehículo móvil destinado a llevar servicios judiciales y administrativos a sectores alejados de las grandes ciudades. Este martes, en la explanada frente al Palacio de Tribunales, se conmemoraron sus primeros 10 años con una feria que congregó a instituciones como el Registro Civil, BancoEstado, Gendarmería, PDI, Carabineros, el Servicio Nacional de Migraciones y la Corporación de Asistencia Judicial.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, destacó que 'los buses de la justicia han permitido vincular al Poder Judicial con la comunidad, de una manera distinta, ampliando nuestros canales de atención y brindar una justicia cada vez más cercana, oportuna y accesible a todas las personas'. La presencia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y otras autoridades subrayó la relevancia política y social del proyecto.

Diversas miradas sobre un mismo camino

Desde el mundo judicial, el proyecto se percibe como un avance en la democratización del acceso a la justicia, especialmente para poblaciones vulnerables y zonas rurales. Sin embargo, voces críticas advierten que la medida, aunque simbólica y útil, no resuelve las profundas brechas estructurales del sistema judicial chileno, como la lentitud procesal, la desigualdad en representación legal y las barreras socioeconómicas.

Organizaciones sociales valoran la iniciativa por su capacidad de acercar servicios, pero insisten en que debe ir acompañada de políticas públicas integrales que aborden la pobreza, la educación y la discriminación, factores que condicionan el acceso real a la justicia.

Impacto regional y social

En regiones, el Bus de la Justicia ha sido recibido con expectativas y resultados mixtos. En zonas aisladas, ha facilitado trámites que antes requerían largos desplazamientos. No obstante, la irregularidad en las visitas y la limitada cobertura geográfica generan críticas desde comunidades que sienten que la justicia sigue siendo un privilegio urbano.

Además, la articulación con otras instituciones estatales en el mismo espacio móvil ha sido valorada como una forma innovadora de simplificar procesos y evitar la burocracia dispersa.

Verdades que emergen tras una década

El balance tras 10 años es claro: el Bus de la Justicia ha logrado instalar un nuevo canal de contacto entre el Estado y la ciudadanía, visible en la ampliación de servicios y la presencia simbólica del sistema judicial en la calle. Sin embargo, no ha sido un cambio radical ni suficiente para transformar la experiencia judicial de los sectores más postergados.

La iniciativa refleja un esfuerzo por modernizar y humanizar la justicia, pero también evidencia las limitaciones de soluciones puntuales ante problemas estructurales. La verdadera transformación requerirá combinar estas herramientas móviles con reformas profundas en la administración judicial, políticas sociales inclusivas y un compromiso sostenido con la equidad.

En definitiva, el Bus de la Justicia se ha convertido en un símbolo móvil de la tensión entre la aspiración a una justicia cercana y los desafíos persistentes de un sistema que aún debe recorrer un largo camino para ser realmente accesible para todos.