Presidenciables acuerdan metas fiscales y límites de deuda pública: el pulso que definirá la salud financiera del próximo Gobierno

El escenario fiscal que enfrentará Chile tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 es un verdadero campo de batalla donde convergen expectativas, compromisos y riesgos. A poco menos de cinco meses de que el próximo Gobierno asuma, los equipos económicos de las candidaturas más relevantes han afinado sus propuestas sobre el balance estructural y el tope de deuda pública, buscando no solo mostrar responsabilidad, sino también marcar diferencias que podrían definir la estabilidad financiera del país en la próxima década.

En 2024, Chile cerró con un déficit estructural del 3,3% del PIB, muy por encima del 1,9% comprometido por el Gobierno. Para 2025, las proyecciones oficiales apuntan a moderar ese déficit al 2,2%, aunque el compromiso era reducirlo a 1,6%. La ley de Presupuestos para 2026 plantea una meta de déficit estructural de -1,1%, con un horizonte para alcanzar el equilibrio fiscal en 2029.

Tres visiones, un desafío común

Desde la candidatura de Evelyn Matthei, Gonzalo Sanhueza e Ignacio Briones enfatizan que “lo central es fijar metas ambiciosas, pero cumplibles”. Su propuesta es cerrar 2029 con un déficit menor al 1% del PIB, combinando ajustes fiscales por US$2.000 millones anuales y un crecimiento del gasto público inferior al PIB. Mantendrán el tope máximo de deuda en 45% del PIB, advirtiendo que sobrepasarlo implicaría un aumento insostenible en el gasto por intereses, que hoy ya alcanza cerca de US$5.000 millones anuales.

Por su parte, Jorge Quiroz, jefe del equipo económico de José Antonio Kast, sostiene que apuntan a un superávit estructural hacia el fin del período, manteniendo también el techo de deuda en 45%. Reconoce que, según el Consejo Fiscal Autónomo, es “altamente probable” que el límite de deuda se supere en 2027, pero insiste en que modificar ese ancla erosionaría la credibilidad fiscal y afectaría la capacidad de Chile para financiarse en mercados internacionales, especialmente en un contexto geopolítico complejo.

Nicolás Bohme, del equipo de Jeannette Jara, no entrega cifras concretas pero promete una “reducción del déficit hacia la convergencia estructural y estabilización de la deuda pública”. Su plan contempla financiar cualquier gasto adicional mediante reasignaciones y mejoras en la recaudación, apoyándose en recomendaciones de comisiones de gasto público y tributaria, con la expectativa de que un mayor crecimiento económico aporte ingresos fiscales adicionales.

La deuda, el eje del debate

El consenso en torno al tope de deuda pública en 45% del PIB es notable, pero la tensión radica en la viabilidad y el momento de su cumplimiento. Mientras algunos anticipan que se superará el límite antes de 2030, otros advierten que flexibilizarlo podría ser un golpe a la confianza de inversionistas y a la estabilidad macroeconómica.

Actualmente, Chile paga cerca de US$5.000 millones anuales en intereses por su deuda pública. Este gasto es un lastre que condiciona la capacidad de invertir en áreas sociales, infraestructura y políticas públicas, especialmente en regiones más vulnerables.

Perspectivas regionales y sociales

El debate fiscal no es solo técnico ni económico; tiene profundas implicancias para las regiones y la ciudadanía. La austeridad, el control del gasto y la estabilidad macroeconómica son necesarios para mantener la confianza, pero también generan preocupación sobre la capacidad del Estado para responder a demandas sociales, reducir desigualdades y fomentar el desarrollo territorial.

Sectores sociales y académicos advierten que un ajuste fiscal demasiado rígido podría profundizar brechas existentes, mientras que voces empresariales y financieras ponen el acento en la necesidad de credibilidad y disciplina para evitar crisis mayores.

Conclusiones: ¿qué se puede concluir?

El proceso de saneamiento fiscal es un compromiso transversal, pero las diferencias en los plazos y ambiciones reflejan distintas prioridades políticas y sociales. La convergencia hacia un equilibrio fiscal es un objetivo compartido, aunque con matices que marcarán la agenda económica del próximo Gobierno.

La regla fiscal dual —que combina metas de déficit y límites de deuda— se mantiene como la herramienta principal para guiar esta transición, pero su éxito dependerá no solo de la voluntad política sino también del contexto externo, la evolución económica y la capacidad de diálogo con la sociedad.

En definitiva, Chile se encuentra en la antesala de un desafío fiscal que es, al mismo tiempo, un espejo de sus tensiones políticas, sociales y económicas. El pulso entre austeridad y desarrollo, credibilidad y equidad, será el espectáculo donde los protagonistas —candidatos, técnicos y ciudadanos— juegan su destino económico, con consecuencias que se sentirán en cada rincón del país.