Devolución millonaria por cobros excesivos en luz: un escándalo que desnuda la improvisación y la fragmentación institucional
Un error que se arrastra desde 2017 y que recién estalló en 2025 ha puesto a la luz pública una crisis que no sólo afecta los bolsillos de millones de familias chilenas, sino que también desnuda las falencias en la gestión gubernamental y la complejidad del sistema tarifario eléctrico.
En los últimos meses, el Estado y las empresas eléctricas han reconocido cobros excesivos que suman aproximadamente 250 millones de dólares, producto de errores metodológicos en la fijación de tarifas y sobrevaloración de activos. El monto a devolver a los usuarios se estima en 137 millones de dólares para el primer semestre de 2026, con otros 113 millones pendientes por cobros indebidos de una empresa transmisora.
El origen técnico y la demora en la detección
El problema radica en una fórmula de cálculo que, desde 2017, incorporó dos veces el costo de la inflación en el precio que pagan las generadoras. Esta falla, que permaneció oculta durante años, sólo fue detectada en 2025, y no fue debidamente comunicada ni a la opinión pública ni a La Moneda en tiempo oportuno.
El economista Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, advierte que "no hay que hacerse ilusiones de que vaya a ser mucho dinero en la rebaja, pero de alguna manera compensa lo que se pagó de más". Su análisis apunta a que la devolución tendrá un efecto marginal en el IPC, aliviando en algo la presión inflacionaria.
La tormenta política: renuncias y acusaciones
La crisis generó la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Además, la oposición ha reactivado la ofensiva política con la presentación de una acusación constitucional contra Pardow, reflejando un fuerte desgaste para el gobierno en plena campaña electoral.
El Presidente Gabriel Boric, tras regresar de una gira internacional, afirmó que "cada peso será devuelto, así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno" y reconoció el derecho de la oposición a presentar acciones constitucionales.
Empresas eléctricas y responsabilidades compartidas
El debate sobre quién debe asumir la responsabilidad no está cerrado. Mientras el gobierno insiste en que las empresas generadoras y transmisoras deben devolver los cobros indebidos, algunas compañías, como Enel Distribución, han deslindado responsabilidades, argumentando que las tarifas son reguladas y definidas por la autoridad y que su rol es aplicar los cobros conforme a los decretos vigentes.
Enel sostuvo que "la crisis se originó en un componente de la tarifa ajeno al segmento de distribución, donde opera la compañía". Esto ha generado controversia sobre la transparencia y el control del sistema eléctrico.
Voces ciudadanas y propuestas legislativas
El descontento social se ha expresado en demandas por una devolución rápida, justa y automática. La senadora Yasna Provoste ha pedido investigar a las empresas eléctricas y ha subrayado que "no basta con culpar al Estado".
Paralelamente, la diputada Camila Musante y el diputado Jaime Araya han presentado proyectos de ley para asegurar la suspensión inmediata de los cobros indebidos y la devolución íntegra del dinero a los consumidores. Estos proyectos buscan evitar que la solución quede en manos de procesos administrativos lentos y que la plata vuelva cuanto antes a los hogares.
La tragedia de la gestión y sus consecuencias
Este episodio revela una combinación de factores: un sistema tarifario complejo y opaco, falta de supervisión efectiva, y una administración pública que no anticipó ni gestionó adecuadamente la crisis.
La demora en la detección y comunicación del error, sumada a la falta de un plan de contingencia, amplificó el daño económico y político. La renuncia del ministro y la amenaza de acusaciones constitucionales son la expresión más visible de estas falencias.
Constataciones finales
- El sistema eléctrico chileno requiere una revisión profunda para transparentar y simplificar la estructura tarifaria.
- La responsabilidad en la gestión pública debe ser clara y acompañada de mecanismos efectivos de control y prevención de errores.
- La devolución a los consumidores, aunque necesaria, llega con años de retraso y con un impacto económico limitado frente a la magnitud del problema.
- El episodio ha agudizado la fragmentación política y la desconfianza ciudadana en las instituciones, en un momento electoral sensible.
Este caso no sólo es una disputa técnica o económica. Es un espejo de las fragilidades institucionales y de la necesidad de un debate público que trascienda la contingencia inmediata para pensar en reformas estructurales que eviten repetir tragedias similares en el futuro.