
El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia, marcando el fin de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce como sus exponentes más visibles. Paz, senador moderado y hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, irrumpió en la escena política con un discurso de "capitalismo para todos", prometiendo una economía más abierta pero sin dejar de lado a los sectores más vulnerables.
El triunfo de Paz no fue un simple cambio de mando, sino el reflejo de una sociedad boliviana que, en las urnas, decidió abandonar el modelo socialista que dominó la escena política desde 2005. Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de tensiones. Mientras sectores urbanos y rurales que antes apoyaban al MAS migraron hacia la propuesta de Paz, las bases sociales del partido siguen movilizadas y críticas a la nueva administración.
Desde la perspectiva política, el presidente electo representa una opción de centro-derecha moderada, con un estilo dialogante y pragmático. Eduardo Gamarra, experto en política boliviana, señala que Paz es "cauto y analítico", distanciándose de los extremos y buscando construir puentes en un país profundamente polarizado. No obstante, esta postura ha generado desconfianzas en la izquierda, que acusa a Paz de oportunismo y de querer desmantelar conquistas sociales.
El lema de campaña de Paz condensó su propuesta económica: reactivar Bolivia mediante la desregulación, la reducción de impuestos y el fomento del crédito. Con una economía golpeada por la inflación, la devaluación y una crisis de reservas, el nuevo gobierno apuesta por una mayor bancarización y formalización de la economía, que hoy tiene una informalidad superior al 80%.
Este plan implica incentivar que el capital que circula fuera del sistema financiero — estimado en cerca de US$9.600 millones — vuelva a los bancos, a través de facilidades financieras y seguridades jurídicas. Además, Paz prometió eliminar el subsidio generalizado a los combustibles, manteniendo apoyos focalizados para los sectores más afectados.
No obstante, estas medidas enfrentan resistencias internas. La informalidad laboral está profundamente arraigada en la estructura socioeconómica boliviana, y cualquier intento de formalización rápida podría generar fricciones con pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y transportistas, quienes constituyen un importante sector electoral.
Una de las propuestas más destacadas es el plan "50-50", que busca redistribuir el control de los recursos públicos, otorgando a las regiones la administración del 50% de los fondos estatales y permitiendo que la recaudación local se quede en cada territorio.
Rodrigo Paz ha señalado que "hoy el Estado central se queda con el 80% de los recursos y manda el 20% a más de 339 municipios, gobernaciones y entidades descentralizadas. Es una miseria". Esta descentralización, inspirada en su experiencia como alcalde de Tarija, podría fortalecer las autonomías y mejorar la gestión local, pero también abre el debate sobre la capacidad administrativa y la equidad regional.
Desde sectores empresariales y urbanos, la llegada de Paz ha sido recibida con optimismo por su enfoque promercado y pragmático. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos expresan preocupación por un posible retroceso en derechos laborales y en la protección social.
La izquierda boliviana, por su parte, denuncia que el discurso de "capitalismo para todos" esconde un programa que favorecerá a las élites económicas y profundizará las desigualdades.
En el plano internacional, la postura de Paz respecto a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional aún no está clara, y su eventual acercamiento podría marcar un giro en la política exterior y económica de Bolivia.
La asunción de Rodrigo Paz representa un cambio histórico en Bolivia, pero también abre un período de incertidumbre y desafíos profundos. El país enfrenta una crisis económica severa, una sociedad fracturada y una estructura política polarizada.
Las promesas de reactivación económica y descentralización son ambiciosas, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con diversos actores sociales y políticos, y de la aceptación de sectores que se sienten amenazados por las reformas.
En definitiva, Bolivia entra en una nueva etapa donde el equilibrio entre crecimiento, justicia social y estabilidad política será el verdadero desafío. Como espectadores de esta tragedia y oportunidad, queda claro que la historia no se escribe en un día, sino en la tensión constante entre fuerzas encontradas que pugnan por definir el futuro del país.
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Fuentes consultadas: BBC News Mundo, entrevistas con expertos en política boliviana, análisis socioeconómicos recientes.