Gobierno acuerda devolución de cobros excesivos en la luz: un respiro tras semanas de tensión

Un error que pesó en la cuenta de la luz y en la paciencia ciudadana. Desde octubre de 2025, se desató una polémica nacional cuando se detectó que las tarifas eléctricas contenían un sobrecargo debido a un error en la fórmula de cálculo del Precio Nudo Promedio (PNP), aplicada desde 2017 y no corregida tras la descongelación tarifaria en 2024. Este fallo metodológico, que benefició involuntariamente a las empresas generadoras y transmisoras, encendió un debate que atravesó el espectro político y social, poniendo en jaque la confianza en un sector estratégico para el país.

La cronología del desencuentro comenzó con la revelación pública del error por parte del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien señaló que las empresas pudieron haber advertido el problema pero no tuvieron incentivos para hacerlo. "Quizás no tenían muchos incentivos para darlo a conocer", declaró García, apuntando a una falla sistémica en la supervisión y autorregulación del sector.

Desde entonces, el Gobierno enfrentó una presión creciente para actuar con rapidez. Inicialmente, García descartó la viabilidad de una ley corta para acelerar la devolución, calificándola de 'iluso' y advirtiendo que el proceso administrativo y regulatorio tomaría su tiempo. Sin embargo, la presión parlamentaria y social lo llevó a reconsiderar, condicionando la ley corta a un acuerdo transversal en la Cámara de Diputados, lo que abrió una puerta política para una solución legislativa rápida.

Las voces en el congreso no se hicieron esperar. José Miguel Castro, presidente de la Cámara, afirmó que si es necesario convocar sesiones especiales para tramitar la devolución, las harán sin titubeos, enfatizando que "a quien debemos defender y devolverle rápidamente los recursos son los ciudadanos y todo el país". La oposición, por su parte, se alineó en la necesidad de priorizar la restitución, aunque también cuestionó el rol del Gobierno y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la supervisión del proceso.

El acuerdo definitivo y sus condiciones. Finalmente, el 27 de octubre, el Gobierno anunció un pacto con las empresas generadoras para devolver los cobros en exceso. Cada cliente recibirá un retorno mensual de aproximadamente 2.000 pesos desde enero de 2026, con reajustes y una tasa de interés que compensa el tiempo en que las empresas retuvieron los recursos. Además, la empresa distribuidora Transelec se comprometió a devolver 135 millones de dólares, sumando un total aproximado de 250 millones de dólares en devoluciones entre generadoras y transmisoras.

Este acuerdo, que se implementará vía tarifaria, marca un hito en la gestión de la crisis, pero no cierra el debate. La fiscalización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Contraloría sigue bajo la lupa, mientras que expertos y organizaciones de consumidores exigen mayor transparencia y reformas estructurales para evitar que errores similares vuelvan a afectar a los usuarios.

Perspectivas encontradas. Desde el sector empresarial, se reconoce el compromiso de devolver los montos, aunque algunos directivos han señalado que la complejidad del sistema tarifario y las fluctuaciones del mercado dificultan una gestión perfecta. En cambio, desde la sociedad civil, hay un sentimiento de desconfianza y escepticismo, con críticas hacia la lentitud del proceso y la percepción de que el sistema favorece a las grandes compañías por sobre los consumidores.

Conclusiones y consecuencias. Este episodio pone en evidencia las fragilidades del sistema tarifario eléctrico chileno, la necesidad de fortalecer la supervisión técnica y política, y la urgencia de mecanismos claros para proteger a los consumidores. La devolución acordada, aunque bienvenida, llega tras semanas de incertidumbre y desgaste político.

El desafío ahora es que esta crisis sirva para impulsar reformas profundas que aseguren tarifas justas, transparencia en la gestión y una supervisión efectiva, evitando que la tragedia de la desconfianza vuelva a repetirse. La ciudadanía, expectante, sigue observando el desenlace, consciente de que en la arena del poder, la energía es mucho más que un servicio: es un derecho y un pilar del bienestar social.