Prisión preventiva para imputados en crimen de Krishna Aguilera: narcotráfico, violencia de género y una comunidad en duelo

El crimen de Krishna Aguilera, joven de 19 años, ha dejado una herida profunda en San Bernardo y sus alrededores, evidenciando las complejas redes entre narcotráfico, violencia de género y vulnerabilidad social. El cuerpo de Krishna fue encontrado el 26 de octubre de 2025 en Catemito, Calera de Tango, tras 22 días de búsqueda intensa. La investigación ha revelado que su asesinato no fue un hecho aislado, sino la culminación de una cadena de violencia y control ejercido por Juan Beltrán, alias “el Guatón Beltrán”, un narcotraficante de 45 años con amplio prontuario y vínculos con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El trayecto judicial ha sido marcado por la formalización y prisión preventiva de tres adultos y la internación provisoria de una menor, pareja de Beltrán, todos imputados por secuestro con homicidio y, en un caso, inhumación ilegal. El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó estas medidas el 28 de octubre, mientras que la reformalización de Beltrán está fijada para el 13 de noviembre.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente, el fiscal Marcos Pastén ha subrayado que este crimen se inscribe en un contexto de crimen organizado y narcotráfico, y que la violencia ejercida fue agravada por la condición de género de la víctima. “Fue brutalmente asesinada producto, además, de su condición”, ha declarado el persecutor, resaltando la dimensión del femicidio en este caso.

En contraste, la defensa de uno de los imputados, José Montecinos, ha solicitado que se reconozca la colaboración eficaz de su representado, quien confesó el lugar donde fue enterrado el cuerpo, buscando una eventual reducción de pena.

Las voces de la familia, en especial la de Cristal Aguilera, hermana mayor de Krishna, han sido un motor fundamental en la búsqueda y denuncia pública. “Para mí se cierra un ciclo, pero sigo con la lucha”, expresó tras el funeral, mientras relataba cómo Krishna intentaba escapar de ese círculo de violencia y cómo la familia había decidido cambiar de casa para protegerla.

Sin embargo, la familia también ha manifestado frustración por la falta de colaboración de Beltrán y el lento avance en esclarecer todos los hechos. La hermana mayor ha llamado a la comunidad a hablar y colaborar con la justicia.

Desde la comunidad y el municipio, se ha expresado la urgencia de sanciones ejemplares para evitar que figuras como Beltrán sigan operando en San Bernardo, reclutando jóvenes y perpetuando la violencia. El alcalde Christopher White ha declarado que “Esto no puede volver a pasar”.

Este caso desnuda varias realidades: la vulnerabilidad de jóvenes en entornos marcados por el narcotráfico, la violencia de género en contextos criminales, y la insuficiente protección estatal frente a estas dinámicas. También pone en evidencia la dificultad de las familias para romper con estos ciclos de violencia y la importancia de una justicia que no solo sea rápida, sino también efectiva y reparadora.

En conclusión, el crimen de Krishna Aguilera no solo es una tragedia individual sino un síntoma de problemas estructurales más profundos. La justicia avanza con las medidas cautelares y procesos en curso, pero la comunidad, las instituciones y el Estado enfrentan el desafío de transformar este dolor en políticas y acciones que prevengan futuras víctimas.

Fuentes: El País Chile, Cooperativa.cl, La Tercera, declaraciones de Fiscalía Metropolitana Occidente, entrevistas a familiares y autoridades locales.