El martes 11 de noviembre de 2025 marcó un quiebre en la historia reciente del transporte aéreo nacional: los pilotos de LATAM Airlines iniciaron una huelga legal tras fracasar las negociaciones con la empresa. Este desenlace, anunciado con una semana de anticipación, no solo refleja un conflicto laboral sino que desnuda una compleja trama de tensiones económicas, estratégicas y comunicacionales en la mayor aerolínea del país y de América Latina.
Desde octubre, el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL), que agrupa a cerca de 464 pilotos, mantuvo una negociación reglada con la empresa, buscando mejoras laborales y salariales. El 3 de noviembre, un contundente 97% de los pilotos rechazó la última propuesta de la compañía, lo que abrió la puerta a la mediación con la Dirección del Trabajo (DT), proceso que podría haberse extendido hasta el 18 de noviembre.
Sin embargo, LATAM decidió cerrar anticipadamente la mediación, lo que fue interpretado por el sindicato como una estrategia para forzar la huelga. En respuesta, el SPL anunció el inicio de la paralización desde la medianoche del 11 de noviembre.
“Somos un sindicato profesional, con décadas de historia en la empresa, y nos resulta inexplicable que la gerencia nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre consideramos evitable”, afirmó Mario Troncoso, presidente del SPL. El dirigente criticó la falta de transparencia de LATAM, señalando que la empresa nunca mostró las bases económicas que sustentaron su oferta y que las demandas del sindicato representan menos del 1% de las utilidades acumuladas por la compañía en los últimos 18 meses, estimadas en US$1.500 millones.
Por otro lado, LATAM ha manifestado su disposición al diálogo y ha adoptado medidas para mitigar el impacto de la huelga. Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes, señaló que se han implementado acciones para reducir el número de pasajeros afectados, ofreciendo alternativas como cambio de fecha o devolución total del pasaje. La empresa anticipó cancelaciones y ajustes en vuelos programados para el 12 y 13 de noviembre, afectando a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile.
El conflicto no solo afecta a la compañía, sino que tiene repercusiones directas en la conectividad nacional e internacional. Rutas críticas, como las que conectan con Punta Arenas e Isla de Pascua, enfrentan incertidumbres que podrían afectar a comunidades aisladas y al turismo.
Desde la perspectiva de los pasajeros, la incertidumbre genera preocupación sobre la protección de sus derechos, especialmente en un contexto donde el SERNAC ya ofició preventivamente a LATAM para garantizar medidas de mitigación y cumplimiento normativo. La huelga pone en tensión la responsabilidad empresarial frente a sus clientes y la capacidad del Estado para supervisar y mediar en conflictos de alta complejidad.
LATAM emergió de un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos entre 2020 y 2022, período marcado por la pandemia y la crisis global del transporte aéreo. Desde entonces, ha mostrado signos de recuperación y crecimiento, con ingresos que superan los US$3.200 millones en el segundo trimestre de 2025 y planes de expansión con la adquisición de nuevos aviones Embraer.
Este contexto económico robusto contrasta con las demandas de los pilotos, quienes además han aportado US$70 millones en reducciones salariales temporales durante los últimos cinco años, según cifras sindicales.
Este conflicto deja en evidencia varias verdades y desafíos para el sector:
- La falta de transparencia y confianza entre empresa y trabajadores puede escalar rápidamente a conflictos prolongados, afectando la operación y la imagen corporativa.
- La protección de los derechos de los pasajeros emerge como un tema crítico, que requiere supervisión activa y mecanismos claros de compensación.
- El equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la justicia laboral sigue siendo un terreno de disputa en empresas estratégicas para la conectividad y la economía nacional.
En definitiva, la huelga de pilotos de LATAM no es solo un episodio aislado, sino un síntoma de tensiones estructurales que atraviesan el transporte aéreo chileno y latinoamericano. Para los observadores y ciudadanos, la invitación es a mirar más allá del conflicto inmediato y reflexionar sobre cómo se construyen y sostienen las relaciones laborales en un sector clave para el país.