Ecuador tras la tormenta: violencia, protesta y un país en busca de estabilidad energética
Ecuador enfrenta un año marcado por una combinación letal de violencia social, crisis política y desafíos económicos que han puesto a prueba la estabilidad del país y la resiliencia de su sociedad.
Entre enero y agosto de 2025, 386 menores de edad fueron asesinados, un aumento del 50% respecto al año anterior, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Este escalofriante incremento refleja el impacto de la violencia ligada al narcotráfico y la inseguridad que se ha instalado en barrios como Guayaquil, donde la muerte de Ezequiel, un niño de cinco años, se convirtió en símbolo de una tragedia cotidiana que golpea a las familias ecuatorianas.
“Donde el Estado se ha retirado, el narco impone sus normas y reconfigura la vida comunitaria”, explica el sociólogo Evandro Moreno, quien señala que la ausencia estatal ha dejado un vacío que las organizaciones criminales llenan con su propia lógica, erosionando los valores fundamentales y la estructura familiar.
La violencia no se limita a las calles. La educación también está bajo amenaza. La Unión Nacional de Educadores reporta 700 denuncias en menos de dos años por secuestros, extorsiones y amenazas a docentes, especialmente en ciudades como Durán, considerada la más violenta de América Latina. Tres profesores han sido asesinados en los últimos meses. Las escuelas se han convertido en escenarios donde las bandas buscan controlar territorios y reclutar menores.
En paralelo, la crisis política y social se agudizó con la eliminación del subsidio al diésel, medida que detonó protestas masivas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El gobierno de Daniel Noboa decretó estado de excepción en siete provincias y toque de queda nocturno en cinco, bajo la causal de “grave conmoción interna”. La medida buscaba frenar bloqueos y garantizar el libre tránsito, pero también profundizó las tensiones entre el Ejecutivo y los sectores movilizados.
“El paro fue percibido como una ficción desconectada de la realidad cotidiana”, señala el analista Pedro Donoso, aludiendo a que, a diferencia de protestas anteriores, esta vez la eliminación del subsidio no paralizó las principales ciudades ni afectó directamente el transporte público.
Sin embargo, el costo social fue alto: enfrentamientos con la fuerza pública dejaron tres manifestantes muertos y cientos de heridos. La protesta terminó sin acuerdos, y con la imagen del presidente Noboa reforzada, quien ahora concentra esfuerzos en una consulta popular para una nueva constitución, vista por algunos como un intento de consolidar poder.
En el ámbito económico, Ecuador también busca posicionarse en la región a través de la diversificación energética. La empresa chilena LipiAndes anunció su ingreso al mercado ecuatoriano tras adquirir el 70% de Sycar Infraestructura S.A.S., primer importador de gas natural en Ecuador. El acuerdo contempla una inversión estimada de 9 millones de dólares para desarrollar infraestructura y distribución de gas natural licuado (GNL) en los próximos tres años. Esta apuesta es parte de una estrategia regional para impulsar la transición energética con alternativas más limpias y accesibles.
No obstante, la sombra del narcotráfico persiste. En octubre, las autoridades ecuatorianas decomisaron 378 kilos de marihuana ocultos en un camión en Guayaquil, presuntamente destinados a Chile, con un valor estimado en más de 2,2 millones de dólares. Ecuador se mantiene como uno de los principales países en decomisos de droga en el mundo, siendo un punto estratégico en las rutas hacia Norteamérica y Europa.
En el sistema penitenciario, la violencia también estalló con crudeza. Un motín en la cárcel de Machala dejó al menos 14 muertos y 13 fugados, evidenciando el grave problema de hacinamiento y control de bandas dentro de las prisiones, un desafío que el gobierno ha intentado enfrentar mediante militarización y estados de excepción.
Diversos actores ofrecen miradas encontradas sobre la situación.
- Desde el gobierno, la narrativa oficial enfatiza la necesidad de medidas excepcionales para restaurar el orden y avanzar en reformas estructurales, como la consulta popular y la diversificación energética.
- La Conaie y sectores sociales critican la represión y la falta de diálogo, denunciando violaciones a derechos humanos y la imposición de políticas que afectan a las comunidades más vulnerables.
- Analistas y organizaciones sociales alertan sobre la crisis humanitaria que representa la violencia creciente, especialmente hacia niños y jóvenes, y la urgente necesidad de políticas integrales que recuperen la presencia estatal y fortalezcan la educación y la protección social.
En conclusión, Ecuador se encuentra en un punto de inflexión. La combinación de violencia, crisis política y desafíos económicos ha dejado heridas profundas en su sociedad. Si bien la eliminación del subsidio al diésel y la apuesta energética apuntan a una modernización necesaria, el costo social y la inseguridad plantean preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar estabilidad y bienestar.
La tragedia de Eze y cientos de menores asesinados, la presión de las protestas, la expansión del narcotráfico y la búsqueda de nuevas vías energéticas configuran un escenario complejo que exige respuestas integrales y sostenidas. La historia de Ecuador en 2025 es un llamado a la reflexión sobre cómo un país puede navegar entre la tormenta para encontrar un camino hacia la paz y el desarrollo.