A más de dos meses del naufragio de la lancha artesanal "Bruma" el 30 de marzo frente a las costas de Coronel, el oleaje ha devuelto pocos restos materiales, pero ha levantado una marea de desconfianza y un profundo debate sobre la responsabilidad corporativa. La tragedia, que costó la vida a siete pescadores cuyos cuerpos aún no son recuperados, ha dejado de ser un mero accidente marítimo para convertirse en un complejo caso judicial y social. La búsqueda de la verdad por parte de las familias choca contra un muro de versiones cambiantes, sospechas de encubrimiento y la maquinaria de una de las pesqueras más grandes del país.
La narrativa del caso ha sido tan turbulenta como el mar que se tragó al "Bruma". Inicialmente, la empresa Blumar, propietaria del buque industrial "Cobra", negó cualquier participación. Su gerente, Gerardo Balbontín, afirmó que la tripulación no había reportado "absolutamente nada". Sin embargo, la presión de las familias y la evidencia fragmentaria obligaron a la empresa a matizar su versión, admitiendo primero que los tripulantes "sintieron un ruido" y, finalmente, el 22 de abril, que un informe satelital encargado por ellos mismos señalaba la colisión como la causa "probable" del siniestro.
Este cambio de postura no calmó las aguas. Al contrario, alimentó la tesis de las familias, representadas por el abogado Rafael Poblete, de que existía un "pacto de silencio". La sospecha se vio trágicamente reforzada por la muerte del vigía del "Cobra", Juan Sanhueza, quien falleció en circunstancias de un aparente suicidio justo antes de su declaración oficial. Para los deudos, este hecho fue la prueba de una presión insostenible para ocultar la verdad.
La investigación oficial, liderada por la fiscal regional Marcela Cartagena, ha avanzado con lentitud, marcada por la falta de recursos que retrasó peritajes clave. El 2 de mayo, el "Cobra" fue finalmente trasladado a un dique seco de Asmar para su análisis forense, pero el proceso no estuvo exento de controversia. Las familias denunciaron que el traslado se hizo con 16 operarios de Blumar a bordo y escasa supervisión, temiendo una posible alteración de pruebas. "El compromiso de objetividad y transparencia no se está dando", declaró Claudia Urrutia, vocera de las familias.
Las visiones sobre la tragedia son irreconciliables y reflejan una profunda grieta social y económica:
El naufragio del "Bruma" no es un hecho aislado. Es el síntoma de una tensión histórica entre la pesca industrial, con sus grandes buques y poder económico, y la pesca artesanal, una actividad de subsistencia mucho más precaria y vulnerable. Este conflicto se ha recrudecido en los debates sobre la Ley de Pesca, donde se disputan las cuotas de extracción de recursos marinos. La acusación de Blumar sobre la "utilización política" del accidente se inserta directamente en esta pugna de larga data.
Además, la tragedia resuena con otros dramas similares. Apenas en junio, la Armada debió concluir, tras nueve días, la búsqueda de otros tres pescadores desaparecidos en San Pedro de la Paz. Este patrón de desapariciones y búsquedas infructuosas subraya la constante exposición al riesgo de los trabajadores del mar y la incapacidad del sistema para ofrecer respuestas y cierre a sus familias.
Actualmente, el caso se encuentra en una fase crítica, pendiente de los resultados de los peritajes realizados al "Cobra". La batalla legal apenas comienza y se anticipa larga y compleja. Para las familias de los siete tripulantes del "Bruma", no hay consuelo posible mientras los cuerpos de sus seres queridos sigan en el fondo del mar y la verdad completa sobre lo ocurrido esa madrugada del 30 de marzo permanezca oculta tras el velo de la duda y la estrategia corporativa. El naufragio ha dejado una estela que va más allá del duelo, instalando un debate necesario sobre la justicia, la equidad y el valor de la vida humana frente a los intereses económicos.