
Un conflicto que no cesa, un alto el fuego que se deshilacha. El 19 de octubre de 2025, Israel lanzó una serie de ataques aéreos en el sur de Gaza, específicamente en la ciudad de Rafah, tras acusar a Hamás de haber violado el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Este acuerdo, resultado de un plan mediado por el expresidente estadounidense Donald Trump, buscaba poner fin a la guerra que estalló en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás que dejó más de 1.200 muertos en Israel y 251 rehenes. Desde entonces, más de 68.000 personas han muerto en Gaza debido a las operaciones militares israelíes, según cifras oficiales palestinas consideradas fiables por la ONU.
El núcleo del enfrentamiento actual radica en la compleja relación entre Hamás, la autoridad de facto en Gaza desde hace 18 años, y diversos grupos armados que desafían su control, como las Fuerzas Populares de Yasser Abu Shabab. Fuentes locales indican que el ataque israelí fue en respuesta a un intercambio de fuego entre militantes de Hamás y un grupo afiliado a Abu Shabab en Rafah, zona controlada parcialmente por Israel. La situación se agrava con denuncias cruzadas: Hamás niega conocimiento de cualquier enfrentamiento en esa área y acusa a Israel de armar y financiar a bandas rivales para socavar su autoridad y fomentar el caos.
Por su parte, Israel sostiene que el ataque fue una respuesta necesaria para desmantelar infraestructuras terroristas y evitar futuras agresiones. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó actuar con fuerza contra objetivos terroristas en Gaza. Sin embargo, la ocupación y control israelíes cubren poco más del 50% de Gaza, con una línea amarilla que marca una frontera informal tras la retirada parcial de las tropas.
El acuerdo de alto el fuego, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros, así como la devolución de cadáveres, también exige que Hamás renuncie a sus armas para no representar una amenaza. Este pacto ha tenido avances significativos, pero las recientes acciones y acusaciones ponen en riesgo su continuidad.
Estados Unidos, uno de los garantes del acuerdo junto a Egipto, Qatar y Turquía, advirtió sobre informes creíbles de un ataque inminente por parte de Hamás contra civiles en Gaza, lo que constituiría una grave violación del alto el fuego. El Departamento de Estado afirmó que cualquier acción armada por Hamás o facciones palestinas será respondida para preservar la integridad del acuerdo. Hamás, en tanto, niega rotundamente tales planes.
Los habitantes de Gaza viven en una constante tensión. Los bombardeos en Rafah sacudieron barrios cercanos al Hospital Europeo, dejando a la población civil atrapada en un escenario donde las líneas entre combatientes y no combatientes se difuminan. Un residente local describió las explosiones como una pesadilla recurrente que no da tregua.
Además, la violencia interna no cesa. En la semana previa, enfrentamientos entre fuerzas de seguridad de Hamás y miembros armados de la familia Dughmush dejaron 27 muertos, evidenciando la fractura social y política dentro del enclave.
Este episodio revela la fragilidad de un alto el fuego construido sobre arenas movedizas. La coexistencia de múltiples actores armados, la ausencia de una fuerza internacional robusta que garantice la paz y las tensiones geopolíticas regionales hacen que la estabilidad sea efímera.
La desconfianza mutua entre Israel y Hamás, potenciada por acusaciones cruzadas y ataques selectivos, mantiene a Gaza en un estado de violencia latente. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la más afectada, atrapada en un conflicto que no solo es militar, sino también político y social.
En este escenario, la comunidad internacional enfrenta el desafío de fortalecer mecanismos de supervisión y mediación efectivos, que permitan no solo contener la violencia, sino también abordar las causas profundas del conflicto. Sin ello, la paz seguirá siendo una aspiración distante en un territorio marcado por tragedias y divisiones profundas.