El plan Desafío 90 de Kast: un giro abrupto y sus desafíos inmediatos

Un plan para cambiar Chile en 90 días. Así se presentó el llamado "Desafío 90", la hoja de ruta que el equipo del candidato presidencial José Antonio Kast preparó para sus primeros meses en el poder, en caso de resultar electo. Más allá del anuncio inicial, que causó ruido político y expectativas en diversos sectores, hoy, a una semana de su revelación pública, el plan muestra luces y sombras que vale la pena analizar con calma.

El 6 de noviembre de 2025, Bernardo Fontaine, economista y asesor clave de Kast, dio a conocer los hitos del plan "Desafío 90", que incluye proyectos de ley de un solo artículo y una priorización en la rebaja tributaria. La propuesta se articula en tres grandes pilares: seguridad ciudadana y control fronterizo, rebaja tributaria y ajustes administrativos para agilizar la gestión pública.

La economía bajo la lupa: ¿rebaja tributaria para quién?

En el corazón del plan está la reducción del impuesto corporativo, que bajaría del 27% al 23%, con una segunda etapa que podría llevarlo hasta un 20% para empresas que mantengan o contraten trabajadores de sectores vulnerables. Además, se plantea eliminar el impuesto a las ganancias de capital por la venta de acciones y suprimir contribuciones para adultos mayores.

Fontaine afirmó que "la idea es que las personas empiecen a sentir el cambio desde el día uno" y que "los proyectos de ley serán cortos, de uno o dos artículos, para facilitar su rápida discusión".

Sin embargo, la medida ha generado suspicacias en la oposición y en expertos independientes. Algunos advierten que la rebaja puede beneficiar principalmente a grandes empresas y sectores ya privilegiados, mientras que la promesa de créditos tributarios para la contratación de trabajadores vulnerables aún carece de detalles que aseguren su efectividad.

Desde el mundo sindical y social, voces como la de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han cuestionado la estrategia, señalando que "una rebaja tributaria de esta magnitud sin un plan claro de redistribución puede profundizar las desigualdades y precarizar aún más el empleo".

Seguridad y fronteras: un enfoque de mano dura

Otro pilar del plan es la seguridad ciudadana, con especial énfasis en la frontera norte. Se propone declarar la inmigración ilegal como delito, reforzar el uso de la fuerza por parte de las policías, y aplicar la ley antimafia italiana para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El plan contempla el despliegue de tecnología avanzada: cámaras de alta resolución, drones y obstáculos físicos para controlar la frontera, además de la creación de cárceles de alta seguridad para presos peligrosos.

Este enfoque ha sido respaldado por sectores conservadores y algunos municipios afectados por la delincuencia, que ven en estas medidas una respuesta urgente a la sensación de inseguridad.

No obstante, organizaciones de derechos humanos y académicos han expresado su preocupación por el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales, la posible criminalización de migrantes y la falta de políticas integrales que aborden las causas estructurales del delito.

Una experta en derechos humanos señaló: "La seguridad no se construye solo con mano dura y tecnología; se requiere un enfoque que incluya prevención, integración social y respeto a los derechos".

Gestión estatal: entre auditar y agilizar

El plan también incluye una auditoría total al Estado para conocer la situación financiera y administrativa de cada ministerio, junto con la eliminación de guías ambientales y dictámenes que, según el equipo de Kast, entorpecen la inversión y la creación de empleo.

Se proyecta un sistema de sumarios rápidos para funcionarios públicos que incumplan la ley o abusen del Estado, con un mecanismo de "fast track" legislativo para acelerar estas reformas.

Este aspecto apunta a mejorar la eficiencia, pero genera inquietud en sectores públicos y sindicales que temen una flexibilización excesiva y pérdida de garantías laborales.

Pluralidad de voces y el desafío de la implementación

El plan "Desafío 90" ha polarizado a Chile. Para sus partidarios, representa un impulso necesario para salir de una crisis económica y social que, en su visión, ha sido prolongada por la mala gestión y la excesiva regulación.

Un dirigente político de derecha comentó: "Es un plan audaz, que puede devolver la confianza y dinamizar la economía, pero requiere un Congreso que respalde estas reformas".

Por otro lado, críticos advierten que la rapidez y el voluntarismo pueden generar efectos adversos, como la desprotección social, la presión sobre los recursos naturales y un aumento de la conflictividad social.

Desde las regiones, especialmente en el norte y en territorios indígenas, se observa con cautela el plan, esperando que las medidas de seguridad no se traduzcan en exclusión ni en más violencia.

Constataciones finales

El plan "Desafío 90" es un programa audaz que busca implementar cambios estructurales en un tiempo récord, con un fuerte énfasis en la rebaja tributaria y la seguridad. Sin embargo, la experiencia histórica y las voces diversas indican que la implementación de estas medidas no estará exenta de dificultades ni controversias.

La eficacia del plan dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino también de la capacidad del gobierno para equilibrar las demandas sociales, económicas y de derechos humanos, en un país que sigue marcado por profundas desigualdades y tensiones.

Más que un cambio inmediato, el "Desafío 90" es un desafío para toda la sociedad chilena, que deberá enfrentar con rigor, debate y pluralidad las consecuencias de una agenda que promete transformar el rumbo del país.